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“Es injusto que paguemos los platos rotos”
Los socios de la empresa a la que pertenecen los bares “La Negrita” y “Fundación la Mezcalería”, ambos en el Centro Histórico, se lamentan de que la protesta de vecinos contra el ruido ha metido en el mismo saco a todos los establecimientos de la zona.
La campaña de los residentes, dicen, ha desprestigiado a los bares, restaurantes y demás centros de ocio en el primer cuadro de la ciudad.
“Es cierto, hay bares que están trabajando sin los debidos permisos, que se pasan del horario, que a las cuatro de la mañana siguen con la música a todo volumen… definitivamente los hay, pero no los nuestros”, asegura Patricia Martín Briceño, quien junto con su socio Erik Samson visitó el Diario para dar a conocer sus impresiones sobre este conflicto.
Ella alega que de todos los bares que se asientan en el Centro “somos de los mejores portados”.
Según Patricia, tanto “La Negrita” como “Fundación la Mezcalería“ y “Casa Chica”, que acaba de inaugurarse, cumplen con todo lo que la ley exige.
Bueno, casi todo, aclara. “Y digo esto porque la última vez que nos cerraron la ‘Fundación’ fue porque a la una de la mañana no se estaban sirviendo alimentos, una obligación que prácticamente nadie cumple”.
En Mérida, explica, la mayoría de los bares funciona con permiso de restaurante porque desde hace una década es imposible conseguir una licencia exclusivamente de bar. Las cantinas tradicionales son las únicas que cuentan con ese permiso, así que si de verdad se hiciera respetar a rajatabla esa disposición, la mitad de los bares y restaurantes de la ciudad tendría que cerrar.
A su decir, la medida fue un golpe fuerte —en Semana Santa—, pero al día siguiente de la clausura las autoridades de Salubridad juntaron en su comunicado el cierre de varios bares y enumeraron las razones, pero sin especificar por qué se tomó esa medida en cada uno.
“Obviamente la opinión pública leyó ‘No tenían la cloración del agua’ y pensó ‘seguramente en la Mezcalería estaba sirviendo agua podrida’. Y no, nosotros cumplíamos con todo, menos con la cuestión de los alimentos”.
A partir de que comenzaron las protestas por el ruido, continúa, les han cerrado la “Fundación” dos veces. La primera tras una inspección de Protección Civil porque el botiquín no estaba a la vista y porque la rampa para minusválidos era de madera.
“En Mérida, como en muchas otras ciudades del país, no hay una norma para cerrar un lugar porque un músico o un cliente hablan fuerte, por eso tuvieron que recurrir a Protección Civil”.
Han sido muchos los comentarios negativos, los ataques en las redes sociales de personas que no están bien enteradas de las cosas, dice. “Y damos la cara porque nos gustaría que hablaran también de las cosas positivas que estamos haciendo”.
“Somos de los pocos lugares que se han comprometido a dar propuestas de cómo puede haber una mejor coexistencia con los vecinos. No es justo que paguemos los platos rotos por negocios que no solo no cumplen con las leyes, sino además no les importa siquiera tomar en cuenta esas peticiones”.
Ella asegura que desde el año pasado la “Fundación”, sin que nadie se lo pida, está en proceso de “autorregulación”. No hay bocinas en el patio y la música en vivo termina mucho antes de la medianoche, se insonorizaron espacios con materiales especiales en techo y paredes, se compró una consola digital, “que es un equipo de primera generación, caro” y un técnico en audiovigila cada noche que la música no se convierta en ruido.
Por último, Patricia comenta que “La Negrita” y “Fundación la Mezcalería” se han convertido en dos referentes de diversión de la ciudad. Habla también de los patrocinios que otorgan, de la labor cultural que realizan de la mano del Ayuntamiento y del gobierno del Estado.
“Quizá por eso, porque cuando hablan de bares y restaurantes del Centro Histórico son de los primeros en ser ubicados, es que estemos siendo los más golpeados, incluso en imagen, pese a que somos los que más hemos querido respetar a los vecinos y a la ciudad”.
Samson señala que el uso de suelo del Centro Histórico es mixto, no solo habitacional, y que ése es el punto medular del conflicto: cómo vivir juntos en una zona donde vecinos y establecimientos tienen derecho a estar.— Mario Durán
“Sabemos que más que un problema legal es un problema social, y estamos tratando de resolverlo”, señala.
“Se nos está dando trato de delincuentes, como si estuviéramos violando la ley, cuando en este país no está prohibida la reunión, la música, tomar alcohol. No es justo, no queremos que nos sigan viendo como los malos de la película. Aunque parezca difícil de creer, vivimos en zozobra, sufrimos hostigamiento. No queremos que la próxima Semana Santa nos vuelva a tocar viacrucis”, finaliza Patricia.
Fuente: Diario de Yucatán
