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En diciembre del 2010, a pocos meses de haber tomado posesión como alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara anunció que cambiaría todas las lámparas del alumbrado público de nuestra ciudad.
Según la alcaldesa, Mérida quedaría más iluminada, y la luz nos costaría la mitad de lo que costaba antes.
Para hacer el cambio, Angélica Araujo firmó un contrato con AB&C Leasing, una compañía [fachada] que prestaría el servicio a cambio de $7’800,000.00 MXN mensuales durante 6 años ($478’000,000.00 MXN en total).
Eso suena bien, el problema es que AB&C Leasing…
Fue la única empresa que participó en la licitación para ofrecer el servicio.
De las 82,000 lámparas que, de acuerdo al contrato, debía instalar, sólo instaló 73,000, sin ajustar los pagos.
No puso lámparas LED, como establecía el contrato, sino de “inducción magnética”
Puso lámparas que no cumplían con las normas de luminosidad, calidad, o salud.
No instaló tierra física y varias de sus lámparas se quemaron en semanas, a pesar de los 8 años de garantía.
Además, la alcaldesa firmó el contrato de arrendamiento —arrendamiento, no venta como se ha manejado— por seis años con AB&C Leasing (“leasing” es arrendamiento en inglés), sin la aprobación del Cabildo o del Congreso del Estado.
Con los meses se descubrió la operación era un fraude planeado entre Angélica Araujo y Banco Santander, la empresa detrás de AB&C Leasing.
Cuando Angélica Araujo terminó su alcaldía en el 2012, la nueva administración tuvo que romper el contrato que AB&C Leasing y Banco Santander violaron constantemente entre marzo de 2011 hasta febrero del 2013.
Mientras pudo, Banco Santander se cobró rentas mensuales de las cuentas que el Ayuntamiento tenía con ellos.
El Ayuntamiento de Mérida llevó este caso a todas las instancias judiciales, pero jueces y magistrados fallaron en contra del Ayuntamiento de Mérida, considerándolo una persona particular. Esto es anticonstitucional, ya que los ayuntamientos tienen carácter público, no privado (art. 115).
El caso se encuentra ahora en la Superma Corte de Justicia. Si la Corte falla en contra de Mérida, un millón de ciudadanos verán afectados sus derechos al desviarse 400 millones de pesos de patrimonio público. Su deber es ordenar que el proceso judicial desde sus inicios, obligando a los jueces a respetar y hacer valer la condición pública, representativa y colegiada que tiene todo Ayuntamiento, de acuerdo al art. 115 de la Constitución Política de México.
Los ciudadanos tenemos el derecho humano de vivir en una ciudad digna y disfrutar de servicios públicos de calidad, compromiso que corresponde a los ayuntamientos atender, por mandato constitucional. Por esa razón, independientemente del caso que lleva el Ayuntamiento de Mérida, un grupo de 43 vecinos de Mérida hemos interpuesto un Amparo Colectivo en el Juzgado Cuarto de Distrito, en contra del desempeño de jueces y magistrados, quienes no consideraron a los ciudadanos como afectados y, por tanto, como parte de los juicios conocidos por ellos.
CIUDADANOS POR MERIDA LOGRÓ QUE LA PROMOCIÓN DE UN AMPARO de un grupo de Ciudadanos, que lo promovieron como TERCEROS AFECTADOS, mismo Amparo que YA fue aceptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que resulta ser un HECHO HISTÓRICO !
