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Las abuelas de la Plaza Grande
Juan Chaia Shaadi (*)
Cien semanas consecutivas enfrentándose a condiciones ambientales adversas, superando con altivez el trato desdeñoso que han recibido de muchos que se dicen servidores públicos, a veces soportando los efectos del calor extremo o de la heladez; mostrando en su rostro la huella y la evidencia del dolor y la enfermedad que sufren por el despojo patrimonial del que fueron víctimas.
Ahí han estado, semana tras semana, cada sábado a las 9 de la mañana con impresionante puntualidad, enfrente de Palacio de Gobierno. Ahí mismo, usted estimado lector, podrá encontrar a las Abuelas de la Plaza Grande, que han convertido ese simbólico sitio en un escenario de su segundo hogar, en paciente y estoica espera de que el propósito manifiesto de la autoridad pública por resolver el problema tenga los elementos suficientes para hacer cumplir a cabalidad la ley, para definir con precisión “hasta cuándo habrá justicia total”.
El fraude cometido por la familia Argáez Lopez a través de su empresa Crecicuentas (hasta marzo del 2007) y cuantos membretes más (Grupo de Fomento Regional de marzo de 2007 hasta enero de 2010; Cooperativa de Fomento Regional de febrero hasta julio de 2010; Cooperativa de Impulso Regional de julio de 2010 hasta junio de 2011 y Esperanza Equitativa, constituida en septiembre de 2012) utilizaron cada vez que la autoridades hacendarias les clausuraban la organización en turno por acciones y decisiones que tomaban al margen de la ley, tiene historias, complicidades y abusos de poder, denunciados en múltiples ocasiones ante las instancias judiciales.
Este drama tiene nombres y apellidos de las víctimas, por lo menos 500 familias yucatecas a quienes les saquearon más de 800 millones de pesos.
Sintetizando al máximo la película de esta negra historia se puede señalar el mes de diciembre de 2012 como la fecha en que por arbitrariedad de la familia Argaéz Lopez se dejó de pagar, capital e intereses, a los inversionistas del citado negocio simulador de una institución de crédito. Ya en febrero de 2013 había más de 200 denuncias presentadas, mismas que fueron ignoradas sin escrúpulos por la titular de la Fiscalía, Celia Rivas Rodríguez, al igual que por Víctor Caballero Durán, que por esas fechas fungía como secretario de Gobierno y al menos en aquel entonces tenía una relación de amistad con la familia Argáez.
Alejándome al máximo posible de la lista de personas que según don Víctor lo han calumniado y ofendido su buen nombre, me limitaré a señalar los datos estrictamente comprobados: inicialmente negó ser el socio número 026 de Crecicuentas y posteriormente en tórrida entrevista con la reportera Fátima Monterrosa tuvo que cambiar de opinión y aceptó haber recibido cifras millonarias en calidad de créditos personales y recursos para una organización que más parecía de parapeto, denominada “Asesores Laborales Peninsulares” S.A de C.V.
Caballero ha jurado solemnemente que devolvió íntegra y oportunamente el dinero que manejó, mismo que hubiera sido suficiente para con ese monto cubrir en su totalidad los pendientes adeudados a las Abuelas. En contrapartida, obra en nuestro poder información contable que indica lo contrario. No se quién sea dueño de la verdad, y no voy a polemizar en el asunto. El punto de verdad incuestionable es que las Abuelas, cansadas de esta lucha sin límites para recuperar su patrimonio , con el apoyo de abogados reconocidos y de un senador por Yucatán presentaron en Ciudad de México el 26 de mayo de 2015 una demanda penal contra Caballero y Celia Rivas, entre otros, denunciándolos por los ilícitos de denegación de justicia y fraude en la captación irregular de recursos del público.
Fuentes de información confiables nos han enterado de los esfuerzos realizados por la autoridad pública estatal para que se resuelva a la brevedad posible esta demanda. Ya transcurrieron 14 meses y la PGR continúa muy activa el proceso de investigación sobre este caso.
A finales del año 2015 Caballero asumió la grave responsabilidad de ser el titular de la Secretaría de Educación del Estado, y en lo personal me parece que tomó una decisión equivocada: el hecho de estar sujeto a un proceso jurídico penal lo inhabilitaba moralmente para ocupar un cargo público de esas características, independientemente de que al concluir la instancia judicial sus investigaciones declare al señor Caballero inocente o culpable de los cargos que se le imputan.
En tanto transcurren los tiempos jurídicos y políticos, los hermanos Argáez en complicidad con su madre Ruby López Conrado, primeramente cuando gozaban de la libertad y posteriormente ya recluidos en el Centro de Rehabilitación Social a partir del 11 de enero de 2016, en lugar de cubrir a los ahorradores el dinero que se les adeudaba han llevado al cabo, contando con el consejo de abogados que les han brindado asesoría delictiva, una frenética tarea de destinar por lo menos 227 millones de pesos derivados de la cartera normal, la cartera vencida y las propiedades dejadas en garantía de la empresa para apropiarse de dichos recursos y adquirir con ese producto inmuebles para su beneficio personal y posteriormente la mayoría de estos bienes procedieron a embargarlos con la intervención de prestanombres, a fin de convertirlos en intocables, todo ello con el conocimiento amplio, y algo más, de diversos funcionarios de la Fiscalía. Y todavía tienen los hermanos Argaez el cinismo de afirmar que tomaron “esos recursos porque los necesitan para poder comer”.— Mérida, Yucatán.
*Activista cívico
