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Milagros Romero Bastarrachea, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso local, exigió al alcalde del municipio de Progreso, Julián Zacarías Curi, un informe detallado de las presuntas agresiones y tortura contra una maestra vecina de dicho municipio.
La diputada señaló que en redes sociales se destapó el caso de María Guadalupe Pech Solís, quien explicó que, con dos meses de embarazo, ella y su esposo fueron detenidos en horas de la madrugada del 10 de junio, acusados de asesinar a un policía municipal.
Pech Solís relató que fue abusada, vejada, torturada y que incluso sufrió un aborto derivado de la golpiza que sufrió a manos de varios agentes, incluida una mujer policía, al mando del grupo de ataque.
Romero Bastarrachea advirtió la urgencia que Yucatán revise los protocolos de los agentes de Seguidad Pública, tanto la estatal como la municipal, así como reportes permanentes de las condiciones psicológicas y emocionales de los elementos que integran las agrupaciones de seguridad pública y organismos judiciales en el estado.
“No es la primera ocasión que elementos estatales y municipales son señalados por su actuación en el sobre uso de la fuerza, mecanismos operativos, tortura, abusos y faltas en el proceso de responsabilidad en materia de Derechos Humanos”, dijo.
“Yucatán es el estado con el menor porcentaje de delitos dolosos, pero suceden y a menudo, a manos de los agentes de seguridad pública. Es vergonzoso que estos delitos sigan y lo más terrible es que hasta hoy no hay ningún agente sancionado y que esté purgando condena por las faltas que cometen”, agregó la diputada de Movimiento Ciudadano.
Romero Bastarrachea dijo que este día se emitió un oficio desde la Comisión de Igualdad de Género al presidente municipal de Progreso para que informe, además, los remedios y sanciones que se aplicarán para reducir las condiciones de los abusos, agresiones e insistentes actos de violencia de los agentes municipales de su localidad.
“Urge a Yucatán pasar del discurso a los hechos, porque insistentemente se realizan comisiones de seguridad y se ofrecen cifras y estadísticas, pero nunca se dicen los reportes de abusos, agresiones y violaciones que cometen los agentes de seguridad pública y elementos judiciales en la actuación de sus responsabilidades”, agregó.
