Lavamanos de impunidad

Alfonso A. González Fernández*

Fuente: Diario de Yucatán

• Nadie es más peligrosamente demente, que aquel que está convencido de su propia santidad política, Christopher Hitchens

Mérida, 5 de noviembre, 2026..- Hay temporadas en las que nuestra política se parece a una tienda de ropa usada, pero con llamativo letrero anunciando “prendas de nueva temporada”.

Los tiempos electorales se aceleran, los discursos suben de volumen y, como por arte de magia, los teléfonos inteligentes de los ciudadanos empiezan a mostrar lo que el maquillaje ya no alcanza a cubrir: excesos, abusos, privilegios y componendas que se nos anunciaron como especies extintas.

Resulta que no estaban extintas; solo habían cambiado de camiseta o como aquella pegajosa estrofa de popular canción: “no estaban muertos, andaban de parranda” aunque lo más simpático es que siguen jurando que son diferentes.

Durante años se nos dijo que aquello era el pasado, que la corrupción se barría de arriba hacia abajo, como se barren las escaleras. El detalle es que la escoba, al parecer, solo alcanzaba los escalones ajenos.

Hoy vemos que el viejo y caduco método del engaño —presumirse distinto mientras se hace exactamente lo mismo— no se jubiló: se puso a dieta de credibilidad y siguió trabajando de tiempo completo y hasta horas extras.

Lo curioso no es que existan abusos, la condición humana tiene una notable vocación para ellos, lo grave es la pretensión de pureza.

Quien se declara moralmente superior contrae una deuda con la sociedad: demostrarlo todos los días, y cuando esa superioridad se exhibe en viajes de lujo, contratos a modo, parientes bien acomodados o silencios oportunos, la deuda se convierte en estafa, así que eso no es un tropiezo; es una farsa, y bastante vil, por cierto.

Hay, además, un agravante: el engaño no solo ofende, también cuesta. Cada peso desviado es un pozo de absorción que no se construye, una medicina que no llega, un camino que se queda en promesa.

La corrupción no es un asunto de moral abstracta; es una partida invisible que pagamos todos y disfrutan unos cuantos, con la ventaja adicional de que nunca aparece en la glosa del informe.

La buena noticia, si así puede llamarse, es que el disfraz ya no resiste el escrutinio ciudadano. Los actores políticos han sido expuestos y, por decirlo con elegancia, traspasados por la mirada de quienes antes solo aplaudían o callaban. Un teléfono, una factura filtrada o un vídeo de treinta segundos, han hecho más por la transparencia que muchas conferencias matutinas juntas.

No obstante, es pertinente formular una advertencia: la revelación del engaño no implica necesariamente su sanción. Existe una brecha considerable entre ambos escenarios, la cual en México suele transitarse a paso de tortuga reumática.

Las redes son el muro de las quejas: denunciamos con mayúsculas, memes y emojis, pero al día siguiente cambiamos de canal. Desahogarse alivia, pero no molesta al corrupto; el indignado del noticiero de las nueve de la noche es el olvidadizo de la mañana.

La denuncia que vale es la que pide investigaciones serias, sin sesgos, con resultados verificables, sanciones proporcionales y reparación del daño; no la que se activa con el adversario y se duerme con el aliado. Exige cero impunidades: la corrupción sin castigo no es accidente, es invitación.

Resulta pertinente recordar la figura de Poncio Pilato —prefecto romano de triste memoria—, quien solicitó una jofaina, se lavó las manos ante la multitud y se eximió de responsabilidad por lo que él mismo permitía.

Su actitud ha sido replicada con mayor frecuencia que cualquier fenómeno digital: el funcionario que “no tenía conocimiento”, el dirigente que “se enteró por los medios” o el superior que no asume compromisos con sus subordinados, pese a haber intervenido en el presupuesto.

Ya es excesivo recurrir al lavado de manos como mecanismo de disculpa y expiación; al ritmo actual, el jabón requeriría una partida presupuestal específica.

Para lograr un cambio sustancial, es indispensable contar con árbitros ajenos a los intereses de las partes. Las instituciones autónomas —fiscalías, organismos de transparencia, auditorías y tribunales— deben poseer una autonomía real y no meramente nominal.

La autonomía no constituye un adjetivo ornamental en la ley orgánica; implica la facultad efectiva de investigar a los actores con poder sin requerir su autorización, pues un órgano de control designado, financiado y supervisado por quien debería ser vigilado, equivale a encomendar al zorro la auditoría del gallinero: el reporte resultará impecable, pero las gallinas habrán desaparecido. En este contexto, surge una interrogante de fondo: ¿qué rol desempeña la sociedad organizada?

La respuesta es clara: se dispone de herramientas más amplias de lo que comúnmente se reconoce: solicitudes de información, observatorios ciudadanos, colegios profesionales con autoridad, cámaras empresariales con representación formal, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, el voto.

La participación ciudadana no es opcional: si no participamos, mandan los mismos de siempre que dicen ser los diferentes.

Quien solo se queja se quita la responsabilidad; quien se organiza vigila, y el proceso electoral resulta una oportunidad en dónde cada aspirante será juzgado por frenar los abusos de su propio grupo, no por criticar a otros.

Para ver si de veras hay cambio, lo mejor es arreglar nuestra propia casa en lugar de echarle la culpa al vecino; lo demás es pura campaña, y de eso ya tenemos de sobra guardado.

Corolario: “Agua y jabón no lavan impunidades”.—Zagreb, Croacia

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@alfonsoengineer

*Asesor del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE)