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•“Es un hombre muy violento que no me ha dejado en paz durante todos estos años y lo único que pido es justicia”, señaló
Mérida, Yucatán, a 15 de agosto de 2023.– María Inés Rivera Castro, quien fuera víctima de violencias física, psicológica y sexual, exigió al juez que su ex esposo Rodrigo Santos Alonso Quintalla, reconocido rejoneador, sea vinculado a proceso por tentativa de feminicidio y otros presuntos delitos.
Visiblemente consternada, la mujer aseguró que tuvo que esperar cuatro años para que las instancias dictaran orden de aprehensión en contra del torero, quien ya sostuvo su primera audiencia y salió impune pues «la jueza (Suemy del Rosario Lizama Sánchez), de la Sala Uno del Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM) no le dio prisión preventiva por su labor, porque tiene que estar viajando».
En rueda de prensa, presentó algunos signos de la violencia ejercida en su contra, tales como cortes y moretones en varias partes de su cuerpo y daños en su cuero cabelludo por haberle arrancado su cabello.
También acusó la presunta falta de criterio de la jueza Lizama Sánchez al no juzgar con perspectiva de género y dejar libre a un posible feminicida en potencia y la posible complicidad de la Policía Estatal de Investigación (PEI) en el caso.
Al “matador” solo se le impide salir de México; sin embargo, no le fueron retirada las visas o pasaportes, con el argumento de cumplir con sus compromisos taurinos programado, así como tampoco es necesario que acuda a acudir a firmar al Centro de Medidas Cautelares.
«El juez no vio necesaria la prisión preventiva, a pesar de que hay pruebas de todo lo que me hizo. Terminó la audiencia y no hubo el cuidado de que él no tuviera contacto conmigo, salió sin policías, saludando a todos, tomándose fotos con todos y casi tras de mí», denunció públicamente.
Mañana miércoles, en la Sala Siete del Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM), se llevará al cabo la segunda audiencia de Alonso Quintanilla. María Inés, el abogado y la Fiscalía esperan el presunto agresor sea imputado por la jueza y pueda llevar su proceso en prisión “como pasa en otros casos”.
«En esta audiencia veremos de qué lado está la autoridad. Es un hombre muy violento que no me ha dejado en paz durante todos estos años y lo único que pido es justicia», señaló la víctima.
Recordó que en 2018 se casó con el rejoneador, y un mes después de vivir juntos comenzó a sufrir violencias física, sexual y psicológica, situación por la que decidió separarse y denunciarlo. «Por cinco años he vivido con miedo de que me suceda algo, porque durante todo este tiempo mi familia y yo hemos sufrido amenazas para retirar la denuncia», relató.
El pasado 10 de agosto, el individuo fue detenido en San Luis Potosí de acuerdo con una orden de aprehensión en su contra, ordenada por un juez. De acuerdo con la carpeta de investigación 114/2022, el sujeto fue trasladado en avión por las autoridades yucatecas desde esa entidad del Bajío hasta Mérida bajo un estricto protocolo de seguridad.
El acusado fue presentado ante la jueza Lizama Sánchez, de la Sala Uno del Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom), quien decidió ponerlo en libertad pese a que la Fiscalía General del Estado (FEG) solicitó la prisión preventiva. Al momento de dejarlo en libertad no se aplicaron las medidas cautelares contempladas como el brazalete localizador o custodia policial para que no se le acerque a la víctima.
La defensa y María Inés analizan la posibilidad de interponer una queja ante el Consejo de Judicatura del Poder Judicial, ante la negligencia de la juez, pues la puso en riesgo y «ocasionó que él se burlara en mi cara, haciéndome sentir que está protegido por el mismo gobierno», expresó.
