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El pasado lunes 13 de junio, en el Congreso del Estado de Yucatán se aprobó por mayoría, encabezada por el PRI y el Partido Verde, una iniciativa referente a la regulación de la contratación de servicios de transporte privado a través de plataformas tecnológicas, como las aplicaciones (app).
Al respecto, en respaldo a la posición de los diputados locales que votaron en contra, quiero hacer el siguiente posicionamiento por las siguientes razones:
1. En el colmo del cuidado de los intereses corporativos, la reforma aprobada pretendía gravar con el 10% de impuestos el costo de los servicios de esta modalidad de transporte. La regulación está tan mal hecha, que el mismo ejecutivo estatal ha tenido que enmendar con prisa y sin cuidar las formas este gravamen a todas luces excesivo, que forma parte de un proceso legislativo desarrollado con dados cargados.
2. La regulación que ha emitido el Congreso del Estado de Yucatán es funcional a la generación de mecanismos que extraen la riqueza y consolidan el control corporativo más retardatario de nuestra entidad federativa.
3. Con este tipo de normas, sólo una parte de la sociedad se beneficia a costa de la otra pues los derechos de propiedad benefician a una pequeña élite corporativa de permisionarios que son controlados por el gobierno del estado.
4. Tal como está aprobada la norma, genera limitantes del desarrollo del Estado de Yucatán, pues en vez de crear los incentivos necesarios para ampliar y fomentar la seguridad y movilidad de los ciudadanos, genera barreras que limitan el ahorro, la inversión e innovación en el transporte de pasajeros.
5. La regulación que se ha aprobado es inequitativa e innecesaria, “con el pretexto de privilegiar el tema de seguridad”, al exigir que el conductor sea el propietario del vehículo, al limitar el número de unidades destinadas a la prestación de una nueva modalidad del servicio público, así como por no reconocer la modalidad del servicio de trasporte público con chofer privado, que no es lo mismo que el servicio de taxi.
