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•Empleados del Poder Judicial solicitan al Congreso del Estado que incluyan sus peticiones en la iniciativa de reforma que mandó el jefe del ejecutivo estatal
Mérida, Yucatán, a 20 de abril de 2022.– Agremiados al Sindicato Progresista del Poder Judicial solicitaron a los y las diputados integrantes de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación de la 63 Legislatura que incluyan sus necesidades para enriquecer la iniciativa de reforma al Poder Judicial del Estado de Yucatán, pues de lo contrario será un solo maquillaje que no beneficiaría directamente a la ciudadanía.
Entrevistada afuera del Recinto del Poder Legislativo, la secretaria general Luisa Martín Puc señaló que no el gobierno del Estado debe aumentar el número de juzgados de primera instancia, así como realizar una fuerte inversión en la infraestructura de los edificios, pues las instalaciones de Motul y Ticul están deplorables.
“En Motul, es un lugar muy pequeño. Cuando acuden los justiciables hacen fila en el sol para que puedan revisar los expedientes. El juzgado mixto de Ticul se está cayendo en pedazos”, afirmó.
No se requiere ampliar el número de magistrados, precisó. «Se necesita más juzgados de primera instancia, incrementar el número de trabajadores en las plantillas de cada juzgado, mejorar y optimizar el sistema informático, e invertir en infraestructura».
También se requiere aumentar la plantilla del personal del Poder Judicial, pues hoy día los 1,500 empleados –incluidos los de la Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia– están saturados con la carga laboral y, desde hace tres años, no reciben un incremento salarial.
Luis Martín destacó que los juzgados de primera instancia son necesarios, pues ahí resuelven los casos civiles, mercantiles y familiares, así como temas tan sensibles como los feminicidios. “La reforma no traerá ningún ahorro y sí a los trabajadores nos cargarán más el trabajo”, concluyó.
También se requiere aumentar la plantilla del personal del Poder Judicial, pues hoy día los 1,500 empleados –incluidos los de la Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia– están saturados con la carga laboral y, desde hace tres años, no reciben un incremento salarial.
Luis Martín destacó que los juzgados de primera instancia son necesarios, pues ahí resuelven los casos civiles, mercantiles y familiares, así como temas tan sensibles como los feminicidios. “La reforma no traerá ningún ahorro y sí a los trabajadores nos cargarán más el trabajo”, concluyó.
La iniciativa fue entregada el pasado 10 de abril por el jefe del Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado. Tiene por objetivo de eliminar la figura de ratificación, en la que se propuso modificar el plazo de encargo de los magistrados de seis años, más nueve años con ratificación, a un solo período ininterrumpido de 15 años, lo que contribuirá a fortalecer la independencia del Poder Judicial.
