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La Juez Primero de Control Blanca Bonilla Castañeda, tristemente recordada por no exigir nunca la presentación de los niños Medina-Molina durante los dos años que estuvieron desaparecidos, y quien además en un rasgo de “genialidad” inventara el término “TUTRIZ”, para la madre del ahora reconocido feminicida Martín Alberto Medina Sonda en un claro afán de favorecer al mencionado individuo y a sus cómplices padres en la sustracción de sus menores hijos, sigue haciendo de las suyas, y ahora por enésima ocasión deja libre a un delincuente, y en este caso a un violador de su propia hija de tan solo 3 años de edad.
La negativa de la juez Bonilla Castañeda a aplicar la prisión preventiva a delincuentes y violadores, parece ser una reiterada costumbre de la juzgadora y para muestra, hay que recordar que en enero pasado, utilizó el mismo método de aplicar medidas restrictivas a Ismael R.R., -acusado de abuso sexual por una joven de identidad reservada a quien atacó en el Fraccionamiento San Carlo,- y quien no obstante tener un amplio historial delictivo con varios ingresos a la cárcel, inexplicablemente lo dejó seguir su proceso en libertad, tal como está haciendo en el presente caso.
Es preocupante que una juez de control, de quien se espera aplique la justicia y dicte las sanciones adecuadas al tamaño del delito, no tenga empatía con las víctimas y si, en cambio, favorezca a los delincuentes y no dicte prisión preventiva en un delito tan grave como es la violación, y más grave aun cuando la víctima es una bebé de tres años, que además es su propia hija.
Parece ser que, para la mencionada juez, -quien en todo momento ha demostrado carecer de perspectiva de género- desconoce absolutamente o no le da importancia a las VIOLENCIAS que todas las mujeres sufren durante toda su vida, y que comienza muchas veces a muy temprana edad, como es el caso que hoy nos ocupa.
Lamentable que desoiga el llamado de los fiscales para aplicar la prisión preventiva al imputado como se marca en estos casos, y todo haya quedado en asistir a firmar el libro de registros del Centro Estatal de Medidas Cautelares, no acercarse a las víctimas o a su domicilio en un radio de 200 metros y prohibición de abandonar el Estado, vigentes durante el tiempo que dure el proceso.
La pregunta obligada a la juez Bonilla Castañeda es ¿Quién será el encargado de dar seguimiento para que el imputado cumpla con las reglas dictadas por ella? ¿Aplicará todo el peso de la ley y hará justicia en este indignante y aberrante caso?
La sociedad yucateca exige a jueces y magistrados justicia para todas las víctimas de estos degenerados, juzgar con perspectiva de género y la aplicación de sentencias ejemplares que desalienten a los delincuentes a seguir violentando a mujeres niñas y puedan éstas llevar una vida digna y libre de violencias.
