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•Recuerdan que la postulación y la designación del togado fue una violación a la Constitución por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo
Mérida, Yucatán, a 17 de enero de 2024.– Integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, Red Mujeres por la Democracia y la Red de Acompañamiento Yucatán celebraron que el Juzgado Quinto de Distrito admitió el amparo 32/2024 presentado el pasado 4 de enero, contra el nombramiento del magistrado Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova.
La admisión del amparo por el Juzgado Quinto de Distrito es positiva y abre la puerta al acceso a la justicia para las niñas y mujeres de Yucatán, externaron las activistas Ligia Vera Gamboa, Rocío Quintal López, Bertha Elena Munguía y María Alejandra Poot Maza, quienes confían que la jueza Grissel Rodríguez Febles hará el análisis de las violaciones constitucionales por parte del gobernador Mauricio Vila Dosal y el Congreso del Estado al hacer la postulación y elegir al magistrado respectivamente.
El amparo se presentó básicamente por la violación del principio de paridad, establecido en el párrafo tercero del artículo 65 de la Constitución Estatal y el artículo 4 de la Constitución Mexicana, violación al procedimiento de nombramiento y violación al mandato de Juzgar con perspectiva de género, recordó.
Pero, el Congreso del Estado y el gobernador incumplieron con una parte del proceso legislativo, ya que se eligió a un perfil que no goza de buena reputación y debe contar con una trayectoria laboral intachable y debió conducirse con ética en el desempeño de sus funciones.
Esta persona tiene antecedentes y denuncias de violencia de género, asentados en la Toca 153/2019, en la que se le indicó capacitarse en Derechos Humanos y derechos de las infancias y situación que incluso negó durante su comparecencia en el Congreso, expuso la investigadora.
En cuanto a la violación al mandato de Juzgar con perspectiva de género, las feministas argumentaron que el nombramiento de Mendoza Casanova, como magistrado, significa una violación a la obligación de Juzgar con perspectiva de género, obligación que debe ser garantizada desde el momento en que se propone a personas para integrarse a un Juzgado o Tribunal.
“Un juzgador con los antecedentes de Mendoza Casanova, representa un riesgo para el acceso a la justicia con perspectiva de género de las niñas, adolescentes y mujeres que viven en el estado de Yucatán”, señaló.
Una vez admitido el amparo, el Congreso del Estado y el Ejecutivo deberán emitir sus informes a la Jueza del Juzgado Quinto, quien, a partir de la entrega de dichos informes, valorará si el acto que reclamaron las organizaciones y mujeres en la individual significó una violación a la Constitución Federal y Estatal, situación que resolverá con posterioridad a la audiencia señalada para el día 16 de febrero del presente año.
