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El Instituto Nacional Electoral (INE) espera que la Secretaría de Hacienda autorice el aumento presupuestal de mil 750 millones de pesos para realizar la consulta de revocación de mandato programado para el próximo 10 de abril. El próximo 31 de enero será la fecha límite para recibir este presupuesto de lo contrario se reducirá a un 30 por ciento la instalación de casillas para el sondeo ciudadano.
Luis Alvarado Díaz rindió protesta ante el pleno del Consejo Ciudadano como nuevo responsable de la Junta Local Ejecutiva en Yucatán, al igual que, Juan Luis Aboites Vega como Secretario de esta. En esta sesión ordinaria, el Consejo aprobó el proceso de insaculación de ciudadanos que participarán en el proceso del 10 de abril.
Sobre este tema, Alvarado Díaz informo que, el 31 de enero será la fecha límite para que la Secretaría de Hacienda informe sobre la ampliación presupuestal. De no ser aprobado este presupuesto, el organismo deberá reducir el número de supervisores y capacitadores necesarios para la organización del proceso y de la misma forma, el número de colegios electorales que se instalarían para el proceso.
Manifestó que, en un proceso ordinario el INE instala 2 mil 800 casillas, de no aprobarse el recurso solicitado, únicamente se podrá instalar el 30 por ciento de las urnas, lo que podría dar como resultado que, en algunas casillas el padrón electoral alcance los 2 mil 500 ciudadanos.
Al respecto señaló que, el presupuesto asignado para Yucatán se conocerá en las próximas semanas, lo que implicará las condiciones para la contratación del personal -supervisores y capacitadores-para apoyar el desarrollo del sondeo. Argumentó que, debido a estas mismas restricciones presupuestales las papeletas que se utilizarán en el proceso no contarán con todas las medidas se seguridad de las boletas que utilizan en los comicios ordinarios.
Sostuvo que, en este momento se encuentra abierta una discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la pregunta que deberá llevar la boleta, ya que es una determinación que no se confundan los términos y los jueces deberán establecer la pregunta que los ciudadanos deberán responder.
El Vocal Ejecutivo del INE manifestó que, la contratación de capacitadores y supervisores para un proceso ordinario es de aproximadamente 560 personas. Sin embargo, este número podrá reducirse de manera importante si no se autoriza el presupuesto, lo que también limitará el número de casillas y las condiciones para que la población pueda opinar en este ejercicio ciudadano.
Asimismo, señaló que, la insaculación de ciudadanos se realizará el próximo 7 de febrero, deberá ser el 13 por ciento del padrón nominal y correspondió a los ciudadanos cuyo apellido inicie con la letra B, el ejercicio de selección para integrar las casillas que deberán funcionar para esta consulta.
Agregó que, el organismo electoral y los partidos políticos podrán convocar a la ciudadanía a participar, sin incidir en alguna postura por la aprobación o desaprobación y tampoco podrán utilizar recursos públicos para hacer campaña en este proceso extraordinario.
Para validar y hacer vinculante el resultado del proceso, deberá votar al menos el 40 por ciento de la lista nacional nominal de electores, esto es, unos 40 millones de electores
Detalló que, una vez que concluya el proceso, el INE deberá realizar un informe que será entregado a las autoridades del Poder Legislativo -Cámara de Diputados y el Senado- para realizar las atribuciones que correspondan en caso de que la respuesta sea afirmativa o negativa a la revocación de mandato del actual Ejecutivo Federal en funciones
