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Once personas, entre ellas ocho ex regidores del cabildo de Celestún de la administración 2015-2018, incluido el ex alcalde, Leonel Rosado Mena, fueron vinculadas a proceso penal por su probable participación en hechos con apariencia de delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado, cometidos en pandilla, por la venta ilegal de terrenos del municipio.
Los regidores vendieron a empresarios por 400 mil pesos terrenos del municipio que tenían un valor comercial de 57 millones 245 mil 196 pesos.
En audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Umán la Juez de Control del cuarto distrito judicial del sistema penal acusatorio, Mariza Virgina Polanco Sabido, expuso que se continuará el proceso penal a los imputados por esos hechos.
Los representantes de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción expusieron que ocho de los hoy imputados, en su calidad de regidores del cabildo de Celestún, en el periodo de la administración pública municipal 2015-2018, entre el 12 de febrero y 30 de agosto de 2018, ilícitamente otorgaron enajenaciones sobre dos tablajes catastrales que, hasta ese momento, eran propiedad del municipio.
“Procediendo a venderlos a favor de otras tres personas imputadas, socias de la empresa compradora, todos a quienes se imputa como coautores materiales directos de la posible conducta de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado, cometidos en pandilla”, citaron.
Ya que mediante sesión de cabildo de fecha 18 de junio de 2018, el órgano municipal aprobó unánimemente la enajenación de dichos terrenos, aun cuando no se cumplía con 6 de los 9 requisitos mínimos que prevé el artículo 155 de la Ley de Gobierno de los Municipios para tal efecto.
La enajenación benefició a tres empresarios que pagaron 400 mil pesos por los bienes inmuebles cuando tenían un valor comercial de 57 millones 245 mil 196 pesos 49 M.N dañando con ello, gravemente, el patrimonio municipal, quien encontró un déficit de 99.31% en esa operación.
Cabe apuntar que en el caso del perito valuador, también imputado en la audiencia, se le atribuyen dichas conductas en el grado de partícipe.
Por su parte, una de las ex-regidoras que no estuvo presente en la audiencia, será presentada, con auxilio de la fuerza pública el próximo 23 de agosto del presente.
La Juez de Control Polanco Sabido impuso a los imputados medidas diversas a la prisión preventiva: acudir a firmar ante la autoridad, embargo de bienes, sometimiento a la vigilancia del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, prohibición de acercarse a testigos, todas estas medidas por todo el tiempo que dure el proceso penal.
La juzgadora otorgó a los fiscales el plazo de seis meses para continuar con la investigación complementaria del caso.
