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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
Publicado por Diario de Yucatán
“Nuestros temores se han hecho realidad, los primeros cerdos han sido introducidos a la mega granja porcícola de Homún y la salud de todos los habitantes de la Península está en riesgo”. Con esta alerta inicia un mensaje que circuló el jueves, que advertía el sigiloso inicio de operaciones de la granja de cerdos de Producción Alimentaria y Porcícola (Papo), ante la cual habitantes mayas organizados en “Ka’anan Ts’onot” (Guardianes de los cenotes) se han manifestado en contra, preocupados por las afectaciones negativas a los cenotes, fuente principal de agua y de subsistencia gracias al ecoturismo, y a su derecho como pueblo indígena a la libre determinación.
Desde hace un año la granja porcícola de Homún, que criaría unos 49,000 cerdos al año, ha generado severas preocupaciones en materia ambiental y de derechos humanos. La granja se ubicaría en la extremadamente vulnerable zona denominada Anillo de los Cenotes. De acuerdo con el doctor en Ciencias Francisco Bautista, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, el anillo de cenotes es una zona de extrema vulnerabilidad a la contaminación y, en su opinión, “la instalación de las nuevas mega granjas porcícolas en esas zonas no debería permitirse en bien de la población yucateca”.
El doctor Ángel Polanco, investigador de la UADY y estudioso del problema de la contaminación del agua, también ha advertido sobre los “muy altos impactos para la salud pública” causados por la mega granja, entre ellos infecciones intestinales por virus y bacterias, fiebre, diarrea, influenza porcina y cáncer. No obstante las evidencias científicas del peligro de contaminación del agua por la operación de la mega granja porcícola y el rechazo de habitantes de Homún, las autoridades aprobaron la construcción de la granja.
Desde hace una semana pobladores de Homún registraron la entrada de camiones con cerdos a la localidad. Algunos dicen que el sitio de la granja ya tiene una planta generadora de electricidad y que los trabajos han comenzado sin la instalación de biodigestores y de una planta de tratamiento de aguas residuales, las dos medidas con las cuales la empresa y el Estado alegan que no se contaminarán los cenotes.
Frente a este escenario, habitantes de Homún y ciudadanos solidarios con su causa se manifestaron pacíficamente el viernes 21 de septiembre e hicieron una clausura simbólica de la mega granja porcícola, la cual se realizó a pesar de las represalias cometidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), el despliegue policiaco y la presencia de grupos de choque.
Como advirtió una integrante de Equipo Indignación, organización de defensa de derechos humanos que acompaña legalmente a los habitantes de Homún, esto es señal de un “mundo al revés”: ante la manifestación pacífica, el Estado desplegó la fuerza pública, mientras que los guardianes de los cenotes clausuraban simbólicamente una mega granja porcícola altamente contaminante, el Estado clausuró cenotes (comunicación personal).
“Nos sentimos muy mal, con rabia y coraje… queremos trabajar en una empresa que no contamina y vienen a reprimirnos”, me comenta uno de los integrantes de Ka’anan. Efectivamente, los sucesos del pasado 21 de septiembre revelan una serie de problemas que indignan.
- En primer lugar, la actuación de la Profepa que clausuró cinco cenotes de Homún, aquellos en los que trabajan los integrantes más activos de Ka’anan. ¿Acaso esta institución cumple su obligación de proteger el medio ambiente o más bien responde a intereses privados?
De acuerdo con un reportaje elaborado por la investigadora Renata Terrazas, “hoy tenemos serias dudas sobre las acciones de nuestro gobierno para proteger el ambiente. No se garantiza un presupuesto suficiente, no se cobra la totalidad de las multas y éstas no regresan a las autoridades ambientales, pero sobre todo, nuestras instituciones renuncian a su obligación de velar por el interés público y garantizar nuestros derechos al dar por buenas acciones a medias de empresas que contaminan nuestro recurso más valioso y ponen en riesgo la vida de las personas al permitirles que continúen operando, a costa de nuestros derechos” (“Animal Político”, 10-5-18).
Mientras que los pobladores de Homún han interpuesto diversas denuncias ante la PROFEPA y éstas no han sido atendidas, esta institución comunicó que personal de su Delegación en Yucatán “realizaba una inspección en materia de impacto ambiental, en atención a una denuncia ciudadana por la realización de obras y actividades sin autorización federal”. Sin embargo, el personal de la PROFEPA llegó a Homún sin presentar identificaciones oficiales y, sobre todo, sin una orden de clausura; de acuerdo con pobladores, la orden que tenían era de verificación. A pesar de esto, lo que hizo el personal de la PROFEPA no fue una verificación, sino la clausura inmediata de los cinco cenotes. Un testimonio señala que una de las licenciadas de la Profepa presentes expresó que habían sido llamados por la empresa.
De acuerdo con uno de los integrantes de Ka’anan, la clausura de los cenotes “claramente es una represalia”. “Tal vez querían negociar”, me comenta, “tal vez era una estrategia para crear conflicto”. Además de los policías estatales, también se encontraba un grupo de choque que agredía verbalmente a las personas que pasaban. “Insultaban, querían provocar el conflicto”, me comenta el integrante de Ka’anan.
- En segundo lugar, lo sucedido el viernes pasado revela también grandes vacíos para el acceso de los mayas a la justicia. Los directivos de la empresa acordaron con integrantes de Ka’anan que la granja no iniciaría operaciones hasta que no se resolvieran todos los procesos legales. Este acuerdo ha sido violado. Hasta el momento, hay cuatro juicios federales abiertos: 1) por la falta de una consulta previa, 2) contra las irregularidades de la Manifestación de Impacto Ambiental, 3) por el derecho de libre determinación del pueblo maya de Homún y 4) para que Ka’anan sean reconocidos como terceros perjudicados.
No podemos dejar de señalar que el Estado incumplió su obligación de consultar de manera previa, libre e informada a la comunidad de Homún sobre la construcción de la mega granja. También debemos recordar que, ante dicha falta, la comunidad realizó una autoconsulta cuyo resultado fue de rechazo a la granja. Hasta el momento, las autoridades han ignorado este proceso y su resultado, a pesar de que la actual relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, recomendó “a los pueblos indígenas, al Estado y a otros actores que incluyan en sus debates opciones adicionales [a una ley de consulta], incluyendo los procesos de auto consulta o los protocolos de relación con el Estado desarrollados por los pueblos indígenas” (“Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México”, párr. 109). En uno de los juicios federales abiertos, los pobladores de Homún exigen el reconocimiento de su auto consulta como expresión de su derecho de libre determinación.
Pero el problema no se reduce al incumplimiento de la obligación de consultar y a la falta de reconocimiento del proceso de auto consulta. Cuando la empresa interpuso una queja porque el Cabildo de Homún revocó el permiso de uso del suelo, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán que llevaba el juicio no admitió a Ka’anan Ts’onot como tercer perjudicado en el mismo, porque no acreditaba su interés jurídico. Esto ha impedido a Ka’anan presentar pruebas y alegatos en el juicio. Todo esto revela una violación al derecho de libre determinación del pueblo maya de Homún a la protección de los recursos naturales que ocupan y a sus derechos a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
- Un tercer asunto preocupante es la campaña de difamación e incluso de criminalización de la protesta de algunos medios de comunicación. Cuando los inspectores de la PROFEPA clausuraron los cinco cenotes de Homún sin ninguna orden de clausura, los pobladores les exigieron que retiraran los sellos y los llevaron a cada uno de los cenotes para tal efecto. La policía que estaba presente acompañó todas estas acciones.
No obstante, al día siguiente la PROFEPA publicó un comunicado con el título “Tras ser retenidos por pobladores del municipio de Homún, Yucatán, liberan a inspectores de la PROFEPA”. Algunos medios de comunicación fueron más allá al publicar titulares como “Retienen a empleados federales en Homún” e incluso al señalar que el acto fue un “secuestro”. Para una de las integrantes de Equipo Indignación, los términos utilizados en estas publicaciones representan una amenaza, un intento de criminalización de una acción pacífica del pueblo.
En un comunicado, Indignación coincide con la relatora de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en que las campañas de difamación y desprestigio contra los pueblos indígenas son el primer paso de un patrón de abuso y de criminalización contra defensores de derechos de pueblos indígenas y del medio ambiente, que en muchos casos termina incluso en homicidios de defensores. “Las campañas de difamación suelen ser organizadas por sectores empresariales con el apoyo abierto o encubierto de funcionarios públicos corruptos cuyos intereses financieros se ven afectados por la defensa de sus tierras por los pueblos indígenas”, señala la relatora en su más reciente informe anual.
A pesar de que, en palabras de un integrante de Ka’anan, “la gente está en alerta, no sabe si va a regresar la PROFEPA, si van a ingresar más cerdos”, lo cierto es que la lucha contra la granja porcícola también ha unido a la población. La lucha de los pobladores de Homún y la solidaridad ciudadana, que acudió a Homún el viernes pasado, acompañó y documentó los sucesos han sido ejemplares.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
@RodLlanes
Investigador del Cephcis-UNAM