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El Juez de Control de Justicia Penal para Adolescentes, Luis Alfredo Solís, informó que durante el pasado año, se abrieron más de 700 carpetas de investigación por denuncias ante el Ministerio Público, en contra de menores por vandalismo, robo y homicidio y señaló que, de estas 700 carpetas, setenta ya fueron consignadas por tratarse de delitos considerados como graves.
El funcionario señaló que Yucatán es un estado donde las cifras de menores infractores, a diferencia de otros estados, se mantienen y no han aumentado y explicó que las reformas a la Ley de Justicia para Adolescentes en el marco federal y Yucatán están hechas con la finalidad de que el infractor se reintegre a la sociedad.
Asimismo, dijo que durante muchos años la acción de la justicia tenía como propósito fundamental sanciones y penas más severas; sin embargo, las nuevas disposiciones legales contemplan acciones para proteger al menor, por lo que se redujeron las sanciones.
“Hoy se entiende que el menor es una víctima de sus circunstancias y por ello el Estado debe de aplicar mecanismos para atender los problemas de los adolescentes”, explicó.
El juez precisó que los jóvenes que incumplieron la ley al cometer algún tipo de infracción o delito deben ser supervisados en un periodo más corto.
“La pena máxima aplicable a un menor es de 5 años de prisión y, durante ese tiempo, el Estado debe darle la oportunidad y seguridad de recomponer su actitud, sus condiciones y no condenarlo de por vida por un error siendo menor”, señaló.
También recordó que los jóvenes que cumplían una condena de hasta 15 años y que estaban recluidos en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), han sido liberados de acuerdo a las nuevas normas jurídicas.
En la actualidad, de una población de cerca de 70 jóvenes que estaban internados en el CEAMA, quedan aproximadamente 20 que reciben atención psicológica, legal y actividades de apoyo con profesionales a fin de que puedan tener bases para poder reinsertarse a la sociedad al salir de su confinamiento.
Reiteró que un joven infractor debe entenderse desde la condición de los problemas de su entorno, de las circunstancias que le rodean y que muchas veces lo orillan a infringir la ley.
“De ahí que el estado debe conocer de este tipo de problemas y aportar las condiciones para que el menor, posible víctima de las circunstancias sea reivindicado y pueda superar un problema, para ser productivo y corresponsable”, señaló.
Luis Alfredo Solís insistió en que esta nueva responsabilidad debe permear en toda la sociedad porque, muchas veces, un joven infractor es discriminado y rechazado.
