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Chetumal.- Cada accidente, operativo o detención de un vehículo, llámese motocicleta, automóvil, camionetas, hasta camiones, volquetes y tráileres, son un jugoso negocio para Grúas del Carmen y algunos elementos de tránsito.
Las quejas desfilan de los usuarios ante distintas autoridades, estatales y federales, sin que nadie tenga la capacidad legal ni la voluntad de poner freno a estos abusos y actos de corrupción en contra de los ciudadanos que se ven involucrados en un accidente vehicular u operativo en Chetumal.
El caso más sonado fue el accidente que el pasado 17 de septiembre le ocurrió a un motociclista, mismo que fue arrollado por un carro propiedad de un agente de seguridad pública. Los hechos acontecieron en la glorieta del monumento Leona Vicario e irresponsablemente se dieron a la fuga.
Pero gracias a las redes sociales fue identificado el vehículo y al poner su querella el afectado, la propietaria de dicho carro fue a intimidar a la pareja que estaba convaleciente en el Hospital General, por lo que reconocieron su culpa.
La historia se complica, ya que al acudir al corralón de Grúas del Carmen, donde Tránsito determinó llevar su motocicleta, por liberarla (pese a ser la víctima) le cobraron 3 mil 900 pesos, por sólo cuatro días y levantarla por la grúa, cuando el precio de otras compañías en caso de motocicletas no excede los 500 pesos.
Otro fue el percance del 5 de septiembre sobre la calle Manuel Acuña, donde un Chevy y el taxi 420 se vieron involucrados, según testigos en una sola Grúa del Carmen fueron trasladados los dos vehículos.
A cada uno les cobraron por banderazo, custodia, traslado, maniobra, abanderamiento y la estancia de más de 20 días, la cantidad de 9,640 pesos más IVA. Un vil atraco.
Todo un robo en despoblado, que ninguna autoridad puede frenar o no quiere, por alguna razón de dividirse las jugosas ganancias, ya que fiscalmente al emitir una factura lo hacen por un traslado, mientras el otro lo negocian entre policías corruptos, el dueño y trabajadores de Grúas del Carmen.
De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor, el accidentado o alguna persona de su confianza puede solicitar la grúa de acuerdo a sus propios intereses, lo que no ocurre actualmente, ya que la Dirección de Tránsito asigna a una compañía por cada accidente y recibe -según los propios grulleros- y otros policías que no le entran a la corrupción, el porcentaje del 20 por ciento por cada accidente donde se utiliza los servicios de grúa.
El asunto es que los afectados, principalmente motociclistas, dejan en el abandono sus vehículos en los corralones, ya que muchas veces sale más caro liberarlos que las reparaciones a realizar.
Otro ejemplo de la terrible corrupción es lo acontecido el pasado lunes a un motociclista que conducía sin licencia, cuyo vehículo fue subido a las Grúas del Carmen de manera manual, es decir encendida y circulando hacia la plancha, sin que hubiera “arrastre ni maniobra”. Los hechos ocurrieron a las 7:00 horas del 24 de septiembre. Para las 15:00 horas, el afectado ya debía 2 mil 800 pesos, ya que le cobraron custodia de la motocicleta, traslado, un día de estancia, banderazo, abanderamiento y maniobra, por tan sólo 8 horas.
Trascendió que la Profeco, cuando se levanta una queja, tiene que haber una relación contractual, que se comprueba con la famosa hoja de inventario, donde en audiencia logran una conciliación, para que ajustados a las tarifas de la SCT, entonces se haga un cobro justo, lo más apegado a derecho.
Sin embargo, la mayoría de los accidentados cuando los conductores son trasladados a la Dirección de Tránsito o a un hospital y no obtienen la hoja amarilla, quedan en total indefensión, ya que la Profeco no puede entrar y mucho menos la Fiscalía General o Tránsito del Estado.
