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Ante la evidencia de tortura infligida por Policías Municipales de Tekax, Yucatán, contra un ciudadano en julio pasado, grabada por otro policía y divulgada a través de un video que se hizo público y circuló ampliamente, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) emitió la recomendación 20/2016, dirigida al alcalde de Tekax, en la que admite que se cometió este ominoso crimen.
Aún no se pronuncia sobre la tortura que habría sufrido el propio policía que filmó el crimen ni sobre otros casos.
En ocasiones anteriores, la Codhey ha señalado entre los derechos vulnerados el derecho a la integridad física y a la seguridad personal, sin mencionar abiertamente tortura. En esta ocasión, añade “en su modalidad de tortura”.
Apenas en julio y junio pasados la misma Codhey emitió dos recomendaciones dirigidas al alcalde de Tekax, de cuyas lecturas también se advierten hechos de tortura, sin embargo no son mencionadas con ese nombre, sino señaladas como violaciones al derecho a la integridad física “en su modalidad de lesiones”.
La publicidad que tuvo este caso, la evidencia del video y su multiplicación en redes sociales sin duda constituyó un elemento de presión: los diputados del Congreso de Yucatán formaron una comisión y la Codhey emitió una recomendación, a la que dio mayor difusión que a otras, en la que de manera inusual reconoce tortura.
Fuera de foco, sin la evidencia de un video pero sin duda con suficientes indicios y con el lamentable fallecimiento del agraviado, está el caso de Temax, que ocurrió incluso antes y que compromete no solo a la policía municipal que infligió la tortura, sino a la Fiscalía que determinó una absurda parasitosis. En este caso, a pesar de que la persona torturada falleció, a pesar de que el afán de ocultar el crimen implica la comisión de otros ilícitos e implica a otras instituciones comprometiéndolas gravemente, no hay todavía recomendación.
Es por supuesto toda una noticia que la Codhey haya reconocido la tortura y que el Congreso haya formado una comisión que, tal como exigió Indignación en su momento, debió incluir también otros casos de tortura y enfrentar el hecho de que la tortura es generalizada y sistemática en Yucatán.
En este caso hay recomendaciones específicas dirigidas al alcalde de Tekax, que apenas en junio y julio recibió otras dos tibias recomendaciones, la 10 y 12 del 2016, respectivamente, también por casos de Tortura que no fueron llamados así.
Mientras no se reconozca la tortura y, más aún, mientras no se reconozca que es una práctica generalizada, mientras no se sancione y no se establezcan medidas seguirá ocurriendo. Lamentablemente el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía, ha mostrado más interés en ocultar el crimen, encubrirlo, favoreciendo la impunidad y perpetuándolo, que en sancionarlo adecuadamente y establecer garantías de no repetición.
En Temax hay un dolor añadido, la gravedad máxima por el fallecimiento de la víctima a consecuencia de la tortura infligida y que a la vez resulta un alarmante indicio sobre otros crímenes, otros fallecimientos en cárceles que pueden haber sido consecuencia de tortura y que podrían haber sido encubiertos. El mismo caso de Roberth Tzab Ek, fallecido en la cárcel de Tekax en condiciones que obligan a suponer tortura, es uno de ellos. Su investigación ha sido obstaculizada por la anterior Procuraduría y por la ahora Fiscalía.
En este caso, ante la evidencia del video y la publicidad, hay una recomendación. Sin embargo, es limitada: dirigida únicamente al alcalde de Tekax, que no establece de manera adecuada criterios para la reparación del daño ni las garantías de no repetición. Ni se pronuncia aún sobre la tortura cometida contra el agente que filmó y divulgó el crimen.
La tortura es generalizada y sistemática porque durante años, frente a hechos de tortura, hubo encubrimiento. Enfrentarla requiere también establecer medidas estructurales para erradicarla. Las anteriores comisiones de derechos humanos recomendaban cursos. Nada se logra con un curso si el hecho quedaba impune y oculto. Hoy se reconoce y publicita parcialmente un caso de tortura. Falta mucho más.
La responsabilidad del Congreso del estado de Yucatán, del Ejecutivo y de su Fiscalía, de Jueces y Magistrados que han conocido hechos de tortura y de la propia Comisión de Derechos Humanos resulta más que evidente.
Boletín de prensa del Equipo Indignación, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos.
