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El gobierno mexicano ha identificado 933,000 viviendas en situación irregular a nivel nacional, lo que representa un serio desafío en términos legales y financieros. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que el objetivo principal es avanzar en la regularización de estas propiedades, en especial aquellas que no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad.
Las cifras detrás del problema
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha revelado que:
- 131,000 viviendas están involucradas en litigios colectivos.
- 216,000 fueron recuperadas por el Infonavit pero aún carecen de escrituras.
- 497,000 tienen niveles de deuda críticos que dificultan su acceso a una solución financiera.
- 89,000 créditos fueron otorgados por el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, pero presentan irregularidades.
Acciones del gobierno para regularizar las viviendas
La Secretaría de Bienestar ha iniciado un censo de viviendas afectadas para evaluar sus condiciones. Hasta el 5 de mayo, se inspeccionaron 47,845 inmuebles, de los cuales:
- 41,625 están habitados.
- 6,220 están desocupados.
Los estados con mayor número de viviendas en esta situación incluyen Estado de México, Puebla, Chihuahua, Sonora, Hidalgo y Oaxaca.
Alternativas para los afectados
El gobierno ha propuesto diversas soluciones para abordar esta problemática:
- Reestructuración de deuda con congelamiento de saldos y reducción de tasas de interés.
- Opciones de arrendamiento social con posibilidad de compra para aquellos que ocupan las propiedades sin ser derechohabientes.
- Regulación de viviendas abandonadas o invadidas para garantizar su adecuado uso.
Las causas del problema
El director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, atribuye el problema a modelos de financiamiento fallidos de administraciones pasadas, el abuso de despachos de cobranza y la corrupción de intermediarios informales. Además, muchas de estas viviendas fueron construidas lejos de centros urbanos y sin servicios básicos, lo que propició su abandono.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la meta es avanzar en la regularización de estas propiedades y ofrecer soluciones para familias vulnerables que actualmente las ocupan.
