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Con el presunto objetivo de salvaguardar los principios del Sistema Nacional de Anticorrupción, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó acciones de inconstitucionalidad contra los gobierno Estatales de Quintana Roo y Veracruz ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y es que como se recordara, la administración Estatal, de Roberto Borge y Javier Duarte ha dejado mucho que desear, incluso hasta el final con los actos de “blindaje” en los llamados paquetes de la impunidad.
Esta acción fue ordenada por el propio Presidente del País, Enrique Peña Nieto, bajo la sospecha de corrupción en ambos Gobiernos que encabezan los priístas.
Mientras que, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Jurídicos, Salvador Sandoval Silva, recordó que los gobernadores no pueden nombrar a funcionarios en el sistema anticorrupción, así como a magistrados, fiscales y contralores, ya que así habría inseguridad jurídica.
Siendo el objetivo de estas acciones, que la SCJN revise las reformas aprobadas por los Congresos de ambos Estados, al mismo tiempo que recordar a los mandatarios que sus funciones no incluyen las acciones promovidas, ni la creación de sistemas locales anticorrupción y menos hacer nombramientos en la materia.
Por su parte, Javier Duarte señaló en conocida red social que No enviaría otra propuestas para Magistrados anticorrupción; asimismo pidió declarar desierta la convocatoria para nombrar a un fiscal en el mismo tema.
Mientras que el Gobernador de Quintana Roo indicó a través del twitter “Acataremos cualquier decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
