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Fuente: ACOM
Mérida, 3 de junio, 2025.- Con datos casi definitivos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), la elección judicial del domingo pasado confirmó que al menos 6 de los 9 magistrados electos al Tribunal Superior de Justicia y 3 de las 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial tienen vínculos con el aparato gubernamental o eran funcionarios estatales, lo que representa un control del 64.29 % de los puestos en disputa.
Con una participación de apenas 15.74% (282,582 votos) de una lista nominal de 1,796,199 y un costo de 887.75 pesos por voto emitido directo, la elección judicial de Yucatán se consolida como un costoso ejercicio de ingeniería electoral que garantizó el control oficial sobre el Poder Judicial local.
Los resultados evidencian que el «acordeón» funcionó perfectamente: la ciudadanía votó masivamente por quienes, hasta hace pocas semanas, formaban parte del gobierno que ahora deberán juzgar como magistrados.
Funcionarios que ganaron la elección judicial
Los resultados revelan datos interesantes: Erika Beatriz Torres López, quien se perfila como presidenta del tribunal con 82,005 votos (29.02%), fungía como directora jurídica del Patronato Cultur.
Carolina Muñoz Gasca, segunda con 80,707 votos (28.56%), fue nombrada subdirectora en la Consejería Jurídica del Estado apenas en febrero de 2025, justo cuando se anunciaba la elección judicial.
En tercera posición, Gerardo Martín Chacón Tuyub obtuvo 78,979 votos (27.95%). Se desempeñaba como director de Asuntos Jurídicos en la Contraloría del Estado y fue secretario ejecutivo distrital del IEPAC durante el proceso electoral de 2024.
Hernán Vega logra magistratura
Hernán Jesús Vega Burgos, en cuarto lugar con 75,916 votos (26.87%), ocupaba el cargo de subsecretario de Prevención y Reinserción Social.
Sin embargo, arrastra antecedentes graves: se le destituyó en 2009 como delegado del Instituto Nacional de Migración por acusaciones de trata de personas y sobornos sexuales, de acuerdo con información divulgada en su momento.
Completan el grupo de funcionarios estatales electos: Jenny Mariana García Brito, en séptimo lugar con 75,494 votos (26.72%), nombrada directora de Casa Otoch en marzo de 2025, tras fungir como jefa jurídica en la Subsecretaría de Prevención.
Tania Gabriela Malpica Ramírez, aunque no resultó electa, obtuvo una votación significativa. Se desempeñaba como fiscal en jefe de Investigación en la Fiscalía General de Yucatán, dependencia estrechamente ligada al Poder Ejecutivo estatal.
Mauricio Cantón Dager, aunque proviene del sector privado, también mantiene relaciones clave con el Gobierno.
Por su parte, Sara Estrella León, también favorecida con el “acordeón” oficial que se utilizó durante la votación.
La concentración de poder resulta abrumadora: de las 14 magistraturas en disputa, al menos 9 quedaron en manos de personas con vínculos directos o familiares con el gobierno actual.
Esto representa el 64.29% de los puestos judiciales bajo control oficial, lo que confirma que la supuesta “democratización de la justicia” derivó en una politización sistemática.
Los nombramientos estratégicos realizados en los meses previos a la elección —febrero y marzo de 2025— revelan una planificación deliberada para colocar operadores políticos en candidaturas competitivas.
Costo por voto efectivo
De acuerdo con datos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), el presupuesto total ejercido para la organización del proceso electoral extraordinario fue de 250 millones 861 mil 157 pesos, incluyendo 5.2 millones en transferencias adicionales para la elección judicial.
Con una participación ciudadana de apenas 15.74 %, el costo por voto emitido en Yucatán alcanzó los 887.75 pesos, uno de los más altos registrados en la historia electoral de la entidad.
A nivel nacional, el presupuesto total destinado a la elección judicial fue de 12 mil 936 millones de pesos, con un costo promedio por voto de 550 pesos.
Esto significa que en Yucatán el gasto por sufragio fue 61.4 % más alto que el promedio nacional.
En comparación con el proceso electoral de 2024, donde el costo por voto fue de 150 pesos, el incremento en la entidad fue del 491.8 %, mientras que a nivel nacional el aumento fue del 266.7 %, lo que refleja un alza significativa en los costos operativos del sistema electoral en México.
