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Habría un alza en esos casos, si no se modifica la ley
El despojo de casas y terrenos en Yucatán, atribuido a una banda organizada de delincuentes y que ya afecta a cientos de personas, crecerá en los próximos años si no se cambian desde ahora algunas leyes, advierte Luis Ramírez Carrillo, investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales “Doctor Hideyo Noguchi”.
En los últimos meses conocimos numerosos casos de yucatecos que perdieron sus propiedades, muchas de ellas deshabitadas —hay más de 70,000 predios en esta situación en todo el Estado—, mediante una operación fraudulenta que dura apenas tres semanas, explica el investigador.
“En contraste, el auténtico propietario debe seguir un proceso jurídico que puede llevar hasta siete años para recuperar su predio”.
Según el doctor Ramírez, la columna vertebral de este fraude, que ya llega a niveles de escándalo, recae en una veintena de notarios públicos que “legalizan las operaciones irregulares en sus libros notariales, muchas de ellas hechas con identificaciones falsas.
“Estos notarios siempre alegan lo mismo cuando los descubren: que fueron engañados con una falsa identificación, y como saben que tienen total impunidad y que nada les sucederá, se dejan ‘engañar’ docenas o hasta cientos de veces sin ninguna consecuencia”, dice el investigador, en entrevista con Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.
“Por eso es necesario frenar a estas personas cambiando la Ley de Notariado y otros ordenamientos”.
El doctor Ramírez Carrillo, quien ha sido víctima de esta banda de delincuentes —lo despojaron de una casa de su propiedad en el fraccionamiento Las Américas— elaboró una iniciativa ciudadana para modificar algunas de estas leyes y detener a lo que él llama “la mafia inmobiliaria”.
La bancada del PAN en el Congreso hizo suya esta iniciativa y la diputada de ese partido Beatriz Zavala Peniche la presentó la semana pasada para su consideración.
En la exposición de motivos de ese documento —los detalles los publicaremos en siguientes entregas— se expone que “desde hace 10 años puede verse cómo el número de demandas por despojo de casas habitación y de terrenos en Mérida y todo Yucatán aumenta con rapidez en las oficinas del Ministerio Público”.
“La gran oferta de aproximadamente 70,000 casas cerradas y miles de terrenos baldíos tan solo en Mérida y Progreso, aunado a la demanda de vivienda en esta ciudad por la inmigración, nos muestra que la apropiación fraudulenta de predios, hasta ahora impune, crecerá en los próximos años, despojando a miles de yucatecos de su patrimonio y de los ahorros de toda una vida”.
Ramírez Carrillo explica en entrevista que la demanda y adquisición de casas “eventuales”, que permanecen cerradas una parte del año, unas 40,000, es consecuencia de la inmigración de miles de personas del interior de Yucatán a Mérida y también de los estados vecinos y de Ciudad de México.
Otro factor que explica la expansión de este tipo de casas es la política crediticia del Estado que abrió los créditos para la adquisición de segundas viviendas, “lo que multiplicó la oferta de casas nuevas cerradas en espera de venderse”.
Asimismo, muchos que vivían en el Centro Histórico de Mérida se fueron a los suburbios dejando en esa zona “al menos unas 10,000 viviendas que hasta 2015 permanecían cerradas”.
Por otro lado, afirma Ramírez Carrillo, durante casi un siglo muchos meridanos fueron adquiriendo terrenos y construyendo viviendas en casi 50 kilómetros de playa. “Entre primeras, segundas y terceras filas el número de viviendas playeras de los meridanos llegó a casi 20,000, la mayor parte de ellas cerradas nueve meses del año”.
En resumen, al día de hoy unas 70,000 viviendas permanecen cerradas o parcialmente deshabitadas en los municipios de Mérida y Progreso.
Además, añade el investigador, existe un número indeterminado de varios miles de terrenos, probablemente superior al de casas, que de manera pulverizada también están en manos de miles de meridanos gracias a los cambios a la Ley de la Reforma Agraria de 1992, que permitió la venta de terrenos ejidales.
“De este modo, los particulares adquirieron miles de hectáreas de tierras ejidales en la zona metropolitana de Mérida”.
Aunque la mayor parte de ellas fue monopolizada por constructores y desarrolladores de vivienda, miles de pequeños terrenos baldíos se encuentran en manos de una clase media e incluso una clase popular que los adquirió o de campesinos mayas que los conservaron, indica Ramírez Carrillo.
El resultado: miles de terrenos con propiedad privada, ejidal o mixta en torno al municipio de Mérida, la mayoría desocupados.
De acuerdo con el investigador, esta situación estimuló las actividades de la “mafia inmobiliaria”, una de cuyas vertientes operaría de este modo, según sus averiguaciones: un integrante de la banda recorre los fraccionamientos y colonias donde hay un mayor número de predios cerrados, digamos durante unos tres meses.
Los fraccionamientos preferidos son: Las Américas, Los Héroes, Ciudad Caucel, Francisco de Montejo y el Centro. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA
Fuente: Diario de Yucatán
