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La diputada Rocío Matesanz Santamaría debe de renunciar a su cargo de legisladora federal como un acto ético para responder a las acusaciones de irregularidades en la creación de empresas y recursos recibidos de la Federación, en donde también se vincula a su esposo José Farrera Redondo, planteó el presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche, José Alfredo Cardeña Vázquez.
Con respecto a la revelación de los Papeles del Paraíso en donde se involucra a políticos, empresarios, deportistas y artistas de crear cuentas en paraísos fiscales para no pagar impuestos y canalizar dinero que no justifican, indicó que se debe considerar, tanto el rubro legal, como el fiscal.
Incluso consideró que el aspecto moral también se toma en cuenta por la percepción ciudadana de la impunidad de éstos personajes.
Interrogado sí la diputada Matensanz Santamaría debe renunciar, puntualizó que “ahí hablamos de algo moral, porque es una representante popular y por una cuestión de ética y de moral, y de responder a la sociedad de sus actos, pienso que debería renunciar al cargo y enfrentarlo y aclararlo”.
Además advirtió que tampoco debe “pretender argumentar de qué hay una persecución política” en su contra, sino que debe “separarse y responder por los cargos, porque todo es muy preciso, hay datos duros factibles y eso ella tendría que explicarlo. Pero ahí si es moral”, reiteró.
De los Papeles en el Paraíso, consideró que todas las empresas que se constituyeron para bajar recursos federales se debe comprobar si sus domicilios no son ficticios, pero sobre todo si son empresas que realmente mantienen una operación económica solvente.
Agregó que de lo contrario “todos deben ser procesados por la Auditoría Superior de la Federación y en el caso de quien puede tener responsabilidades, turnárselo a la Procuraduría General de la República para efecto de que se ejercite la acción penal”.
Manifestó que son dos temas que se deben tomar en cuenta; el SAT por la situación fiscal de las empresas y el otro respecto a un daño al patrimonio de la Federación.
Insistió que “eso corresponde denunciarlo a la Auditoría Superior de la Federación por conducto de la PGR para ejercitar la acción penal, en caso de que haya una responsabilidad o sí dispusieron indebidamente de los recursos”.
