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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Cancún volvió a alzar fuerte la voz al exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) se transparente, ya que actualmente es una institución con altos índices de violación a los derechos humanos, “corrupción rampante y una lacerante impunidad”.
Adrián López Hernández, dirigente de este organismo patronal dijo en conferencia de prensa que todas las expresiones del México de la injusticia tienen un denominador común: la ausencia de una Fiscalía autónoma, capaz e independiente que cimente nuestro Estado de Derecho.
El líder empresarial aseguró que la actual PGR está capturada por intereses políticos y económicos distintos al interés público, diseñada para ser complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano, además de ser uno de los más costosos y dañinos obstáculos a la impartición de justicia en México. “La evidencia está ahí salvo para aquellos que no la desean ver”
López Hernández dijo que ante esta lacerante situación, la Coparmex ingresará en próximos días una iniciativa ciudadana para que la PGR se convierta en una Fiscalía autónoma, capaz e independiente, pues las facultades jurídicas otorgadas a esta institución en 2014 corren el riesgo de ser letra muerta si no vienen acompañadas de mayor rendición de cuentas, una supervisión efectiva de su gestión y una completa profesionalización del personal.
Explicó que se trata de una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que busca asegurar la independencia política del Fiscal General y las fiscalías especializadas en anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos, incorporando criterios de designación que recuperen la legitimidad hoy perdida por la PGR derivada de los vínculos partidistas, las cuotas entre partidos y otras prácticas de control político.
La reforma busca también que se aseguren procedimientos de selección con contrapesos, máxima publicidad, rendición de cuentas y criterios de evaluación basados en el mérito, también propone un periodo transexenal para reducir las condiciones de influencia presidencial o del gobierno en turno, por lo que se propone que la duración del cargo de Fiscal General de la República sea de 6 años sin posibilidad de reelección.
