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Sergio Aguayo
Fuente: Diario de Yucatán
El Cartel de Sinaloa (CdeS) es uno de los protagonistas de los documentos hackeados al ejército. Incorporo su análisis al vertiginoso debate sobre la seguridad nacional.
Un sector de la oposición sostiene la existencia de una especie de entendimiento entre el gobierno y el CdeS. La liberación de Ovidio Guzmán y el afectuoso saludo del presidente a la mamá del Chapo, entre otros indicios, han alimentado esta versión. Algunos de los documentos hackeados permiten revisar la hipótesis.
El 6 de octubre de este año, Alejandra Crail publicó un reportaje en El Universal sobre el análisis hecho por la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional acerca de la peligrosidad de los grupos que podrían actuar contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Entre dichas organizaciones no aparece el CdeS pese a tener más presencia en el Centro de México que el Cartel de los Beltrán Leyva, al cual sí incluyen.
Por supuesto, es posible que los servicios de inteligencia cuenten con evidencia de que el CdeS no representaba un riesgo para el AIFA. Después de todo, el hackeo aporta evidencia sobre cómo tienen intervenidas las comunicaciones de sus jefes.
En un informe enviado el pasado 9 de agosto por una agencia estadounidense a la Sedena se cita una intercepción en la que un integrante de la banda ratifica su lealtad y se pone a las órdenes del “Ratón”, identificado por el analista como Ovidio Guzmán.
A reserva de seguir revisando los documentos hackeados lo encontrado hasta ahora impide tener una conclusión definitiva sobre un entendimiento entre banda y gobierno. Lo que sí está demostrándose es que el gobierno sabe tanto sobre las redes criminales que podrían combatirlas con mayor profundidad.
Coincido con el especialista en asuntos militares Raúl Benítez Manaut, quien me comenta telefónicamente que la estrategia de “abrazos, no balazos” se aplica de manera diferenciada. “Abrazos” para Sinaloa, y “balazos” ocasionales para el Cartel Jalisco Nueva Generación. Por cierto, hay precedentes sobre tratamientos diferenciados. En 2010 el director del CISEN propuso a Felipe Calderón priorizar el combate a los Zeta caracterizados por su brutalidad. El viraje fue aceptado.
Inevitable abordar la reacción federal al hackeo. Es absurdo que el presidente desdeñe el riesgo diciendo que “todo es de dominio público” y ordene el silencio a sus subordinados. Los materiales que siguen saliendo describen las entrañas de una secretaría muy poderosa que fue incapaz de proteger sus servidores electrónicos.
Una consecuencia de esta política de silencio es la instrucción presidencial que prohíbe a la cúpula militar comparecer ante diputados y senadores (resulta difícil pensar que lo hubieran hecho sin la autorización de su comandante en jefe).
Es igualmente grave que a los pocos días los altos mandos acompañaran a la secretaria de Seguridad en su comparecencia en el Senado de la República. Fueron a recibir en silencio el predecible chubasco de críticas de seis senadores y senadoras. Hasta parecería que el presidente buscaba enconar las relaciones entre militares y partidos opositores.
La prioridad del presidente, de Morena y de los otros partidos debería estar en la búsqueda de un entendimiento entre el ejecutivo y el legislativo para revisar y corregir de manera ordenada y responsable la estrategia de seguridad. Ello supondría que salgan de su letargo la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y las comisiones en cada cámara; de cuando en cuando opinan y piden reuniones con los protagonistas, pero rara vez supervisan e investigan al gabinete de seguridad.
Durante el homenaje que le hicieron en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, Elena Poniatowska hizo algunas recomendaciones al presidente: “tiene que abrirse a la crítica, aceptar lo que otros le dicen” y reconocer “que se puede equivocar”. La soberbia del presidente no es propia de un republicano; se está convirtiendo en una amenaza a la seguridad nacional.
El ejecutivo podría exorcizar la percepción de un entendimiento con algunos criminales buscando consensos con los opositores.
Urge una estrategia capaz de combatir la peligrosidad criminal descrita en los documentos hackeados a los servidores militares.— Colaboraron Valeria Hernández Almaguer, Erika Giselle Delgadillo Martínez y Dulce Alicia Torres Hernández.— Boston, Massachusetts
@sergioaguayo
Historiador y analista