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Los diputados mayoristas del Congreso del Estado despilfarran millonarias cantidades de recursos para beneficiar a algunos familiares y amigos o recomendados, a quienes disfrazan como supuestos proveedores, destacando varios allegados a los legisladores, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y Emiliano Ramos Hernández.
En una lista de engañosa “transparencia”, pues no especifica los montos erogados para cada proveedor, figuran toda clase de productos y servicios, desde imprentas y clínicas hasta panaderías o pizzerías. Bochornosamente, figura el dueño de la cantina “La Barra”, ubicada en el bulevar Bahía, como “proveedor”, lo que indica que las noches de juerga de los diputados son cargadas al erario.
Dos comercios de la familia Hadad figuran en la lista, Deportes Hadad y Maderería Hadad, con lo que se favorece a los parientes de José Hadad Estéfano, exregidor y candidato a la presidencia municipal por el PAN, incondicional de Arcila, quien hoy ocupa, como “independiente”, el Fideicomiso de Promoción Turística de la Zona Sur.
Otros favorecidos son los Angulo McLiberty, pues en la lista del Congreso aparece el hotel Los Cocos, propiedad de Eduardo, además de su hermano, Carlos Enrique, ligados a Martínez Arcila.
Las empresas incluidas carecen de un representante legal, por lo que queda como incógnita quiénes las manejan o incluso si son reales. Como una nota, el fraudulento Congreso del Estado señala que esta “información faltante está en proceso de actualización”.
MODERNIZACIÓN
Sin aparecer en este listado está la injustificada instalación del sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica, donde se pagaron 4.2 millones de pesos por unos monitores, software y otros dispositivos.
Aquí encabeza la lista Carlos Ávila Lizárraga, allegado a Martínez Arcila, quien ha recibido la mayoría de los contratos para la remodelación tecnológica de la sede del Poder Legislativo, a un costo de 4.2 millones de pesos, a través del Consorcio Blue Petroleum S. A de C. V., favorecido sin licitación alguna.
Otros beneficiados fueron Luis Antonio López Ortiz y su esposa Addy García Guerrero, quienes también cobraron por la implementación del costoso sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica, a través de la empresa Alv Alumi S. A de C. V.
Provenientes de Puebla, donde promovieron la imagen de Rafael Moreno Valle, la empresa Profeti Consultores, cuyo representante legal es Miguel Ángel Puga Priego, cobró por un millonario software especial, sin pasar por proceso de licitación.
