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Reina enfrenta una condena de 25 años por homicidio. Ella dice que actuó en defensa propia y que cuando la detuvieron, los policías la torturaron y retuvieron ilegalmente durante casi 48 horas.
Sometida a distintos tipos de violencia por parte de su pareja, el 5 de julio de 2015, en medio de una golpiza, reina cuenta que tomó un cuchillo para defenderse y lo mató de una herida durante el forcejeo.
Jorge Camas Gómez, hijo de reina, relató que “el sujeto entró, la empujó, la tiró en la cama y la estaba ahorcando. Es cuando ellos forcejearon, agarraron el cuchillo, él se lo quiso penetrar, ella volteó el cuchillo y se lo penetró a él en defensa”.
La historia de Reina Gómez Solórzano, mujer de 45 años y originaria de Belice, la cuenta Jorge, su hijo de 29 años de edad.
Jorge recuerda cómo la pareja de su madre, de la misma edad que él, la golpeaba, amenazaba y robaba constantemente:
“Y todos los días era: dame dinero, te voy a matar, voy a mandar a matarte. El sujeto ya la tenía amenazada, ya le había dicho, cuando llegues te tengo una sorpresa. Esa era la sorpresa”.
Argentina Casanova, miembro de la red de Feministas Peninsulares, comentó que “su hijo incluso le hizo una advertencia que nos da una idea muy clara de lo que sucedió. Su hijo Jorge, le dice, no te vayan a matar por ese dinero, porque reina traía 500 pesos que le acababan de pagar por un trabajo de cuidar una casa, una de sus patronas”.
Tras defenderse de la agresión, fue la propia Reina quien llamó a los servicios de emergencia de Chetumal, donde sucedieron los hechos.
Al llegar la policía, ella reconoció que había matado a su pareja, pero en defensa propia.
Según su testimonio, los elementos de la Procuraduría de Quintana Roo la golpearon, embolsaron y retuvieron por casi dos días.
Jorge Camas Gómez, hijo de Reina, señaló que “primero la amarraron de las manos. La esposaron atrás de una silla, le pusieron una soga en el cuello, bolsas negras con chile habanero, le amarraron los pies”.
Los policías dicen que la pusieron a disposición del ministerio público tan pronto la detuvieron.
La Procuraduría del estado considera que no hubo tortura sino que solo fue un abuso de autoridad.
José Antonio Nieto Bastida, subprocurador de Justicia de Quintana Roo, indicó que “tajantemente se niega esa parte, el que exista tortura no fue un punto que se haya manejado dentro de la investigación, tan es así que el propio juzgador en su momento pudo haber determinado que existió falta al debido proceso”.
La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo emitió una recomendación a la Procuraduría del estado porque considera que sí hubo trato cruel, degradante y detención arbitraria.
El proceso continuo y el ministerio público consignó a Reina por el delito de homicidio calificado.
La Procuraduría del estado rechazó que ella haya actuado en legítima defensa pero los organismos defensores de derechos humanos que han apoyado el caso de reina argumentan que el homicidio no se investigó bajo el antecedente de violencia que ella padecía por parte de su pareja.
La procuraduría del estado consideró que esos motivos no son causa de una “investigación especial” o un trato preferencial por ser mujer.
José Antonio Nieto Bastida, subprocurador de Justicia de Quintana Roo, dijo que “investigamos por homicidio, no porque en su momento tenga condición de mujer, nosotros hicimos una investigación especial o fuera de nuestro protocolo”.
Argentina Casanova, miembro de Red de Feministas Peninsulares, destacó que “no hay una investigación con perspectiva de género desde que se hace la investigación para reconocer los contextos de violencia”.
El juez del caso, Daniel Esteban Farah Godoy, sentenció a reina a 25 años de prisión por el delito de “homicidio calificado”, con un argumento similar al del ministerio público.
Señaló que a Reina había que sancionarla “por lo que hizo y no por lo que es, aunque viviera violencia”.
Aseguró que su razonamiento no es discriminación ni desigualdad, pues si no se la castiga entonces hay impunidad del acto cometido.
Argentina Casanova, miembro de Red de Feministas Peninsulares, explicó que “el juez ve el hecho que se ha consumado y no ve el contexto en el que se cometió, entonces tendríamos que aceptar tácitamente que por ser víctima tienes que permitir que te maten y no tienes derecho a defenderte porque vas a ser sentenciada”.
Pablo Navarrete, coordinador Jurídico de Inmujeres, comentó que “el juzgador no ha podido despojarse de esa carga histórica de vida personal, familiar, social, cultural que traemos y que yo aquí me atrevería a decir que traemos socialmente, esa carga del machismo, la misoginia, los roles, los estereotipos de género”.
El delito que le imputó fue “homicidio calificado”, ya que para el juez existió “premeditación, alevosía, ventaja y traición”.
Consideró que Reina tiende a relacionarse con personas fuertes y poderosas, según un dictamen psicológico, por lo que influyó en que su pareja la violentara.
Argentina Casanova, miembro de la Red de Feministas Peninsulares, dijo que “la sentencia del juez Daniel Farah es una serie de prejuicios. Es un monumento a la falta de perspectiva de género”.
El juez Daniel Esteban Farah Godoy, no respondió a una solicitud de entrevista.
Ahora y tras la sentencia de 25 años de cárcel, defensores de derechos humanos buscan un amparo que reponga el proceso.
Aseguran que no se atendió la perspectiva de género, el principio de igualdad y la protección a los derechos humanos de la procesada.
¿Hubiera sido mejor que la hubieran matado? es lo que se pregunta Jorge, el hijo de Reina.
Por haberse defendido, dice, la están sentenciando.
La esperanza prácticamente se les ha acabado.
Jorge Camas Gómez, hijo de Reina, relató que “ella me dice, hijo aquí me voy a quedar toda la vida, no voy a durar ese tiempo, pues ni yo, yo padezco del corazón”.
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