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•La creación de este organismo descentralizado se creó para no dejar en estado de indefensión a las personas pertenecientes a grupos vulnerables
Mérida, Yucatán, a 19 de agosto de 2023.– El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), Moisés Bates Aguilar, dio a conocer que está en análisis los lineamientos y el presupuesto de la Defensoría Pública en Derechos Políticos-Electorales de las Mujeres, que será un organismo descentralizado del órgano electoral, con autonomía técnica y de gestión, y reglamentación.
El objetivo es otorgar gratuitamente servicios de defensa y asesoría en materia electoral, a petición de parte, a las personas que pertenezcan a grupos en situación de discriminación o desventaja histórica, así como a otras que lo justifiquen al solicitar el servicio, señaló.
La creación de la Defensoría obedece a la necesidad de no dejar en estado de indefensión a las personas pertenecientes a grupos vulnerables, como lo pudieran ser indígenas mayas, integrantes de las comunidades LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas mayores, jóvenes, mujeres que sufran algún tipo de violencia política en razón de su género, personas migrantes y demás, explicó.
El pasado 24 de junio, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la creación de habilitar una defensoría legal en cuanto a los derechos políticos y electorales y le encomendó esta atribución al IEPAC, por lo cual en estos momentos está corriendo el término de 60 días hábiles para fijar los lineamientos bajos los cuales funcionara esta defensoría legal.
En próximas sesiones, el Consejo General del Instituto tomará los acuerdos correspondientes, por lo que en estos momentos se realiza el análisis de cómo funcionará esa defensoría. «No solamente es fijar facultades, obligaciones y atribuciones sino también tendrá un costo al presupuesto del instituto electoral y eso en teoría se verá reflejado en el próximo ejercicio fiscal del 2024», señaló.
Yucatán, precisó, será el primer estado en el que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) adquirirá esa responsabilidad. «Hay un estado como Chihuahua que lo hizo por un acuerdo del propio Instituto, pero en nuestro caso es la única legislación electoral de todo el país, que le otorga esta atribución a un instituto electoral estatal y nosotros estamos dispuestos a cumplirla en favor de los derechos políticos de los ciudadanos», aseguró.
Bates Aguilar mencionó que a pesar de que ya existen este tipo de defensorías en otros estados de le República, encargadas en su mayoría a los tribunales electorales locales.
