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Familiares y posibles involucrados.
Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, mencionó que no se ha girado ninguna orden de aprehensión, hasta el momento, en contra del exgobernador Roberto Borge, sin embargo, dijo también que hay seis denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR) y dos más en la Fiscalía Estatal, esto derivado de diversos delitos entre los que se encuentran, presuntamente, lavado de dinero y la venta ilegal de bienes públicos, terrenos de la reserva territorial.
Está claro que dichos actos no puieron realizarse sin ayuda, por lo que la PGR se encuentra investigando a los posibles relacionados en los actos ilegales por los que se denuncia a Borge.
Entre los actos que involucran a amigos y familiares se encuentra la venta de 9 mil 500 hectáreas de terrenos, mismas que pertenecían a la reserva del Estado. Se vendieron a precios inferiores, a pesar de que esas tierras debieron ser destinadas para el desarrollo social, desarrollo de vivienda, “y fueron solamente vendidas”.
La enajenación a particulares de predios del dominio privado, propiedad del Estado, se realizó en beneficio de familiares del exgobernador y empleados, por lo que, las irregularidades, presumiblemente, son atribuidas a la entonces directora general del Instituto del Patrimonio Estatal de Quintana Roo (IPAE), Claudia Romanillo Villanueva, y al propio exgobernador Borge Angulo.
Todo parece indicar que se están investigando las cuentas bancarias de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Roberto; Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y del empresario gasolinero e inmobiliario Santiago Samuel Jiménez, por sus posibles conexiones con los supuestos delitos del exgobernador.
Otras cuentas que también se están investigando son las de Édgar Manuel Méndez Montoya, Jorge Luis Cárdenas Bazán, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador.
También se están investigando empresas por la compra de terrenos de alta plusvalía a precios muy bajos. Dichas empresas son: Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch y el rancho La Posadita, así como la inmobiliaria Maltico (Colegio Alexander), Estemar del Caribe, Inmobiliaria Cigarra y Desarrollo Xcacel y Protección de la Tortuga.
Inicio de la investigación.
Todo inició cuando el gobierno actual de Quintana Roo interpuso la denuncia en la que se detallan 24 contratos de enajenación de terrenos entre el 2011 y 2014 a cargo del IPAE.
Todas esas propiedades en conjunto cumplen un total de, aproximadamente, 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados, un equivalente a 711.8 hectáreas y a un valor comercial de 5 millones de pesos. Mismos predios ya han sido asegurados por la PGR el 24 de febrero de este año.
El que adquirió más terrenos fue el empresario Santiago Samuel Jiménez, tomando 10 de los 24 terrenos. Después está Méndez Montoya, quien adquiriera 5 inmuebles y la madre del exgobernador, con cuatro. Cabe mencionar que ninguno de los inmuebles que están siendo indagados se encuentran a nombre de Roberto Borge Angulo.
La PGR se encuentra investigando a Roberto por el presunto lavado de dinero en una empresa naviera que controla una parte de los ferris para pasajeros entre Cozumel y Playa del Carmen. Esta empresa es Barcos Caribe, misma que operan, desde febrero del 2015, María Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre de Borge, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, el abogado familiar. A ellos se les convirtió, por la SEIDO, como blancos de sus pesquisas, toda vez que, sin solvencia económica previa, aparecieron como prósperos empresarios en un giro muy costoso.
No hay orden de aprehensión contra Borge.
Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, mencionó que no se ha girado ninguna orden de aprehensión, hasta el momento, en contra del exgobernador Roberto Borge, sin embargo, dijo también que hay seis denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR) y dos más en la Fiscalía Estatal, esto derivado de diversos delitos entre los que se encuentran, presuntamente, lavado de dinero y la venta ilegal de bienes públicos, terrenos de la reserva territorial.
Avance contra la administración anterior.
A pesar de no haberse presentado aún orden de aprehensión contra el exgobernador, Carlos Joaquín resaltó que sí lo hay en contra de algunos funcionarios, principalmente de parte de la Fiscalía Estatal. De igual manera, adelantó que en esta semana se tendrá el resultado de otras auditorías, mismas que derivan en denuncias que tienen involucrado al exgobernador.
También se sabe, por medio de un diario de circulación nacional, que la Procuraduría General de la República solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información de recursos financieros de los familiares y amigos del exgobernador quintanarroense, al parecer por tener en la mira a una supuesta red que, se presume, lavó recursos para el exmandatario al comprar 24 terrenos.
El mismo medio menciona que la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pidió a la CNBV los datos financieros de ocho personas y nueve empresas para la investigación de la carpeta UEIORPIFAM-QR/00000749/2016, misma que tiene como primer objetivo a Roberto Borge Angulo.
Y no se detiene ahí, la PGR investiga a Roberto también por el supuesto delito de lavado de dinero en una empresa naviera que controla parte de los ferris de pasajeros en Cozumel y Playa del Carmen.
(Con información de La Jornada Maya).
