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En la conferencia mañanera del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador del siete de julio pasado, salió a relucir el uso político que se le está dando, como en los gobiernos anteriores, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que a pesar de ser una oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), responde a las instrucciones directas de la Presidencia de la República.
Es indudable que el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, hizo un pacto con su antecesor Enrique Peña Nieto para que la transición fuera tersa a cambio de no iniciarle ninguna investigación formal por los señalamientos de irregularidades que hay en la administración 2012-2018, porque a pesar que una consulta popular desarrolla en el año 2021 arrojó resultados por el Si, las indagatorias no se formalizaron, porque los resultados de la consulta no fueron vinculantes al participar solo el ocho por ciento de los integrantes del padrón electoral, unos seis millones de mexicanos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o alguna ley secundaria en ninguna parte establecen que los expresidentes del país tienen el privilegio de no ser investigados por delitos de todo tipo realizados durante su periodo de gobierno, por la sencilla razón que las leyes son generales y los presidentes tenían inmunidad, por razones históricas, durante su mandato, pero la clase política aplicó esa protección como sinónimo de impunidad.
El pacto se empezó a hacer evidente desde que López Obrador decidió que solo se iniciarían investigaciones si el pueblo lo decidía y para ello le solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que organizara la consulta, cuya opinión de seis millones de personas no fue escuchada.
Desde luego que esa condición para iniciar investigaciones es inconstitucional, porque el fuero que tenían los presidentes solo tenía vigencia durante su mandato y por lo tanto no es vitalicia, pero por las facultades de facto que tiene el presidente determinó violentar la ley y no ordenar investigaciones a sus antecesores, una promesa de campaña que lo hizo ganar votos.
Sin embargo, se acercan las elecciones del 2024 y ante la disminución de votos en los comicios del 5 de junio pasado, mas no de triunfos, la 4T ha diseñado una estrategia para recuperar la votación perdida en los comicios del 6 de junio de 2021, que descendió a casi la mitad de los 30 millones de 2018.
La consulta para la revocación de mandato del 10 de abril pasado, también fue otra llamada de atención para el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), porque los resultados no fueron vinculantes al no llegar al 40 por ciento que exige la ley.
El movimiento político-electoral de López Obrador permeó entre el electorado porque la sociedad ya estaba cansada del saqueo, la impunidad y la negligencia de los gobiernos de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional y lo que quería esa sociedad era castigo a los exgobernantes, pero a partir del primero de diciembre de 2018, las expectativas cambiaron, el nuevo gobierno optó por el olvido de las exigencias de la sociedad y se centró en sus proyectos de infraestructura ya pactados por el gran capital global.
La 4T sabe que una votación abundante da legitimidad, porque esos 30 millones de votos del 2018 permitieron tres años de gobierno que gozó del voto de confianza de unos y el beneficio de la duda, de otros, a pesar de que el plan de gobierno haya sido contrario a lo prometido en campaña, por lo que para las elecciones presidenciales del 2024 no pueden exponerse a una votación precaria, a pesar que obtengan la victoria porque tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Legislativo requieren legitimidad, además, en el Congreso de la Unión se requiere mayoría calificada, de allí la estrategia de lanzar al ruedo a Peña Nieto, porque en esos momentos de hiperinflación, hace falta circo.
Es un hecho que López Obrador no romperá el pacto con Peña Nieto, la supuesta denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los 26 millones que el sistema financiero detectó durante los últimos tres años en los depósitos bancarios de Peña Nieto, solo es de trámite, la cual, en pocas semanas o meses será mandada al archivo por falta de elementos para proseguir las indagatorias.
Peña Nieto ya manifestó su esperanza que las instancias indicadas le permitan demostrar la licitud de sus ingresos, lo cual no tengo duda que así será, porque la FGR responde a los dictados del presidente de la República, quien tiene un pacto con el expresidente priista, quien solo quiere demostrar a su oposición que él tiene el poder absoluto en el país, qué si se atreve a denunciar a Peña Nieto, no se tentará el corazón para meter a la cárcel a Alejandro Moreno o a Ricardo Anaya.
Hay que tomar en cuenta que durante la conferencia en la que Pablo Gómez, informó sobre el caso de Peña Nieto, el presidente de la República fue insistente al decir que él no estaba denunciando al expresidente de actividades con recursos de procedencia ilícita, sino que se trataba de una vía que se tiene que seguir con todas las personas que están expuestas políticamente.
Pero la estrategia ya estaba montada desde antes del seis de julio, cuando el vocero de la 4T, Vicente Serrano, durante la conferencia presidencial de ese día, le preguntó a López Obrador sobre que pasaba con las investigaciones de la UIF en torno a los expresidentes, pregunta que ya le había hecho un mes antes, a lo que, el presidente le contestó, que venga mañana Pablo Gómez, titular de la UIF a dar la información.
La intervención de Pablo Gómez, viejo lobo de mar en la izquierda mexicana, consistió en explicar que la UIF no tiene funciones de Ministerio Público, solo recibe información del sistema financiero mexicano y cuando los casos lo ameritan se turnan los expedientes a la Fiscalía General de la República, institución que decide en qué casos y cuando se integran carpetas de investigación y en ese momento de su intervención, puso como ejemplo el caso del expresidente Peña Nieto, que la FGR le inició una investigación por los 26 millones de pesos recibidos en sus cuentas durante los últimos tres años. Entre los detalles que aportó están los siguientes:
“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”.
«De agosto de 2019 recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos», informó el titular de la UIF. Manifestó que esos recursos fueron transferidos a Peña Nieto por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España.
“Además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”.
Gómez dijo que el familiar del expresidente registró retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.Resaltó que de esos depósitos destaca la recepción de recursos en efectivo por más 36 millones 333 mil pesos, “cuyos depósitos resultan relevantes debido a que fueron operaciones en efectivo y no se conoce cuál es la fuente”.
Además de estas transferencias, la UIF detectó que el expresidente Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas, que presentan irregularidades fiscales y financieras.Aclaró que la UIF no bloquea cuentas bancarias, pues no tiene facultades para ello, lo que hace es enviar al sistema financiero una lista de personas que no pueden realizar ninguna operación financiera mientras sus operaciones se encuentren en análisis y la FGR decida si inicia carpetas de investigación o no.
Al revisar la ley que creo a la UIF y luego que Pablo Gómez detalló las facultades de la institución, se llega a la conclusión que aunque lo nieguen, la UIF también es usada con fines políticos, como “el petate del muerto”, solo para asustar, porque no tiene dientes ni infraestructura para investigar, solo es una ventanilla que recibe información, la analiza y si lo considera necesario la turna a la FGR, instancia que abrirá carpeta de investigación siempre y cuando reciba luz verde desde palacio nacional.
QUINTANA ROO ENTRE LAS SIETE ENTIDADES QUE NO HAN LEGISLADO SOBRE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
El pasado 3 de junio de 2022, la diputada Kira Iris San, en su calidad de presidenta de la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, recibió el oficio número FGE/DFG/CGA/089/2022 suscrito por el maestro Juan José Olea Valencia, Coordinador General de Asesores de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
Con dicho oficio se envió para su análisis y debate la propuesta con Proyecto de Decreto, por la que se adiciona, un Título Séptimo, Capítulo Único y el artículo 166 Bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para crear el tipo penal denominado Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En otras ocasiones ya se le pidió a la XVI Legislatura de Quintana Roo que legislara al respecto, pero al parecer, a sus integrantes no les interesa. A estas alturas, ya casi es imposible que se agende, por lo que la sociedad quintanarroense tiene la esperanza que la siguiente Legislatura tome en serio su papel y legisle al respecto, mucho tendrá que hacer el diputado electo Hugo Alday Nieto, pero de eso le hablare en otra entrega.
