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Por Mónica Cabeza de Vaca O
El lenguaje penal se ha creado dentro del sistema patriarcal, por lo que carece de algunos atributos que deberían ser esenciales para responsabilizar a los agresores de las mujeres.
La falta de información y la protección a la identidad del acusado impiden la visualización y reflexión sobre los delitos cometidos en contra de las mujeres.
El 8 de marzo se viralizó en redes sociales un experimento que tiene como objetivo hacer visible la violencia de género y los feminicidios en México. El experimento va dirigido a las mujeres y consiste en escribir el nombre de la mujer seguido de la palabra “hallada”, en Google. La palabra “hallada” podría sustituirse por “violada”, “asesinada”, “desaparecida”, entre muchas otras.
Lamentablemente, el buscador arroja innumerables noticias sobre mujeres con el mismo nombre víctimas de feminicidio y otros delitos.
Además de la tristeza y frustración que me provocó el experimento, los resultados arrojados por el buscador, me recordaron el mensaje de Jackson Katz sobre el impacto del lenguaje en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Ese deplorable fenómeno se minimiza, tolera y normaliza de diversas formas, por ejemplo, con los estereotipos de género, la culpabilización de la víctima, los procesos legales y regulaciones sin perspectiva de género, entre otros.
Concientizarnos sobre el lenguaje utilizado para referirnos a los delitos cometidos contra las mujeres, nos hará cuestionarnos ciertos prejuicios y sesgos inconscientes que absorbemos de nuestro entorno. La forma en la que se comuniquen estos delitos puede marcar una gran diferencia en cómo enfrentamos el problema.
Por ejemplo, cuando el agresor no es identificado, éste no es parte de la polémica y las preguntas se dirigen a la víctima.
Jackson Katz ha señalado que la violencia contra las mujeres se ha visto como un problema de las mujeres, en el que algunos buenos hombres ayudan. Esto, en gran parte, debido a que el lenguaje que se utiliza para comunicar estos delitos normalmente omite al agresor. Es decir, éstos se reportan en voz pasiva (e.g., Brenda fue violada) y esta redacción genera que los delitos se perciban como acontecimientos que nos suceden a las mujeres sin identificar la causa ni al responsable. La voz pasiva centra a la víctima en el discurso y podría generar cuestionamientos que terminen revictimizando y culpabilizando a las mujeres.
Al utilizar la voz activa en la comunicación de los delitos la atención se centra en los agresores y sus circunstancias. Entonces, surgen preguntas como: ¿Por qué tantos hombres asesinan a las mujeres? ¿Cómo influye la cultura masculina? ¿Qué se debe hacer para prevenir esas conductas?
Si bien en algunas ocasiones resulta complicado utilizar la voz activa para comunicar los delitos contra la mujer, pues se desconoce al agresor y se protege la presunción de inocencia, el lenguaje utilizado debe ser lo más claro posible.
Este debe comunicar que el responsable del problema es el agresor y cuidar cualquier redacción que pueda dar lugar a cuestionamientos que lleven a culpabilizar a la víctima. El lenguaje penal con perspectiva de género es un deber reforzado a cargo de todos.