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EL CASO CRECICUENTAS Y POR QUÉ EL GOBIERNO DE ROLANDO ZAPATA DEBIÓ INTERVENIR EN RESPALDO DE LAS ABUELAS DE LA PLAZA GRANDE
Por años, casi diez (del 2004 al 2013), los hermanos Argáez López pudieron sobornar a las autoridades (lo mismos fiscales que CONDUSEF, jueces y funcionarios) y seguir operando su empresa CRECICUENTAS, desfalcando cientos, miles de familias en Yucatán y en Quintana Roo.
Finalmente el tiempo se les vino encima, el temor de los ahorradores rebasaron sus capacidades financieras y la empresa tronó, el engaño quedó expuesto y el fraude llegó a los tribunales, con cientos de denuncias y pruebas de sobra (inicios de 2013). La labor del equipo de abogados, capitaneados siempre por Justo Medina (a) Mixo se trasladó entonces de las notarías a los juzgados y se hizo fundamental, fundamental para mantenerse en libertad, fundamental ara seguir operando financieramente.
Todavía pudieron sobornar a jueces y fiscales, el dinero daba para eso… hasta que dejó de dar. Los tres hermanos y la madre decidieron mantener a salvo lo que les quedaba (entre 300 y 400 propiedades inmobiliarias y 30 millones líquidos) así tuvieran que entrar a la cárcel y enfrentar largos juicios privados de su libertad. La fortuna bien lo valía.
Este año, el 11 de enero del 2016, después de tres años de litigios amañados, finalmente entraron a prisión los tres hermanos y la madre, y allí se han mantenido. La fortuna les permitió pagar privilegios dentro de la cárcel y, lo más importante, seguir operando financieramente. Siguen realizando operaciones notariales para proteger sus bienes, comprando o vendiendo propiedades y, al través de su abogado Justo Medina, ´pudieron poner en marcha una empresa de taxis RyDE&Go, adquiriendo nada más para empezar 100 vehículos Peugeot.
La decisión de los hermanos Argáez López es no soltar el dinero que les queda (más de 400 millones de pesos, entre propiedades, empresas y líquido), mantenerlo a toda costa y mientras los jueces lo permitan (todavía no se dictan medidas cautelares, a 3 años de interpuestas cientos de demandas y de haberse inciaido los juicios) seguir haciendo negocios.
Para defenderse en los tribunales, han prefabricado pruebas (como los falsos videos de una detención “actuada” a posteriori), reclaman violación de sus derechos ante la Codhey, interponen amparos y cuanto recurso jurídico les recomiendan sus abogados para frenar los juicios, para desviar la acción de los jueces o para descarrilar los procesos, buscando ocasiones para ARREGLARSE con el juez respectivo. Como lo hicieron por tantos años, hasta que se les acabó la oportundad de seguirlo haciendo.
Contra eso es contra lo que han tenido que luchar las Abuelas de la Plaza Grande. Y siguen luchando. Y seguirán luchando porque el dinero del que disponen los hermanos Argáez López es mucho, un dinero suficiente para comprar a muchos funcionarios venales, a muchos fiscales y jueces corruptos.
Por eso hay que apoyarlas, estamos ante un pasaje concreto e indignante del combate a la corrupción público-privada que tenemos que dar y ganar si queremos ser un país de leyes, un país distinto.
