El 8M, discursos vacíos porque la justicia no llega

SALLY PRESUEL

Fuente: Reporteros Hoy

Mérida, 9 de marzo de 2026.- En el marco de Día Internacional de la Mujer, las instituciones volverán a pronunciar discursos sobre compromiso, protección y “cero tolerancia” a la violencia de género.

Sin embargo, dentro del sistema de justicia de Yucatán, la realidad que enfrentan muchas víctimas es mucho menos solemne.

En algunos casos, denunciar no significa que la justicia llegue. Significa que comienza una espera que puede prolongarse durante años.

Una carpeta de investigación iniciada en junio de 2024 continúa sin llegar siquiera a una audiencia inicial.

No porque la investigación no exista. No porque la Fiscalía no haya trabajado el caso. Sino porque el juzgado aún no fija una fecha.

Desde el 25 de enero de 2026, la Fiscalía solicitó formalmente a un juez de control programar una audiencia para pedir una orden de búsqueda, localización y presentación contra el denunciado, quien ha evitado de forma reiterada recibir las notificaciones.

Al 6 de marzo de 2026, esa audiencia sigue sin programarse. Más de mes y medio esperando simplemente una fecha. Cuando la justicia depende de que alguien abra la puerta

Mientras el expediente permanece detenido en el juzgado, la vida del denunciado continúa sin interrupciones.

Trabaja.

Sale.

Convive.

Y, hasta ahora, ha aprendido algo que muchas víctimas conocen demasiado bien: evadir a los notificadores funciona. No abrir la puerta.  Tampoco responder. Ni aparecer cuando se le busca.

En la práctica, esa simple estrategia ha sido suficiente para evitar enfrentar el proceso judicial.

Porque, aunque la Fiscalía documente evasiones y solicite medidas para avanzar, sin una decisión del juez el proceso no se mueve. Violencia institucional que alcanza incluso a esa institución.

Este caso no solo expone la violencia institucional que enfrentan las víctimas.

También revela el desgaste dentro de la propia Fiscalía de Mujeres, cuyo personal ha tenido que insistir en múltiples ocasiones ante el juzgado para poder avanzar con el procedimiento.

Sin embargo, cuando la autorización judicial no llega, el sistema se detiene.

El resultado es un círculo absurdo: la Fiscalía solicita, el expediente espera, y el juzgado simplemente no responde.

La violencia institucional, entonces, no solo impacta a la víctima que espera justicia.

También golpea a las propias instituciones que intentan mover el proceso y que ven cómo sus solicitudes quedan atrapadas en un silencio judicial que parece no tener fin.

Un sistema donde todo depende del criterio de un juez. Incluso si la audiencia finalmente se programa, nada garantiza que el proceso avance.

En el sistema penal, la emisión de una orden de búsqueda, localización y presentación depende del criterio del juez de control.

Esto significa que, aun cuando la fiscalía general del Estado de Yucatán documente intentos fallidos de notificación, evasiones reiteradas y solicitudes formales para continuar el procedimiento, el juez puede considerar que esos elementos no son suficientes.

En ese escenario, la orden simplemente se niega. El resultado es que el proceso vuelve prácticamente al punto de partida.

Para las víctimas, esta posibilidad genera una sensación de incertidumbre permanente: después de meses o años esperando una audiencia, todo puede quedar detenido nuevamente por una sola decisión judicial.

Mientras tanto, el denunciado continúa sin enfrentar el proceso. Cuando ni siquiera existe un lugar para quejarse

La desesperación de las víctimas llega a tal punto que algunas intentan buscar respuestas directamente en el Poder Judicial del Estado de Yucatán.

En uno de los casos documentados, la víctima intentó presentar una queja ciudadana ante el área de contraloría del Poder Judicial para denunciar el retraso en la programación de la audiencia.

Una persona atendió inicialmente la comunicación, comprendió la situación y trató de canalizar la llamada al departamento correspondiente. Pero nadie contestó. No hubo respuesta. La llamada simplemente quedó en silencio.

La experiencia contrasta con la existencia de áreas como Atención Ciudadana dentro de la Fiscalía del Estado, donde sí existen canales para recibir inconformidades o solicitudes de información.

En los juzgados, en cambio, muchas víctimas descubren que no existe un camino claro para denunciar retrasos o exigir explicaciones. Cuando un solo agresor logra desgastar a todo el sistema

Este caso también revela un fenómeno poco discutido dentro del sistema de justicia: cómo las decisiones o retrasos judiciales permiten que un solo agresor continúe generando violencia más allá de la víctima directa.

Cuando una persona denunciada evade notificaciones durante meses y los juzgados no autorizan oportunamente los mecanismos legales para obligarlo a comparecer, el impacto no se limita al expediente.

El desgaste alcanza a las víctimas, que deben esperar indefinidamente para que su caso avance. Pero también alcanza a las propias instituciones.

El personal de la fiscalía general del Estado de Yucatán y del Centro de Justicia para las Mujeres de Yucatán debe repetir solicitudes, insistir ante los juzgados y mantener abiertas investigaciones que no pueden avanzar mientras no exista una decisión judicial.

En ese escenario, la violencia se transforma. Ya no es únicamente la agresión original denunciada.

Se convierte en una cadena de desgaste institucional donde un solo caso puede consumir tiempo, recursos y energía de múltiples áreas del sistema de justicia.

Y todo mientras el denunciado continúa sin enfrentar el proceso. Denunciar… ¿para qué?

Mientras el sistema se toma su tiempo, la víctima continúa enfrentando algo aún más doloroso: la burla del agresor.

Porque cuando una persona denunciada descubre que puede pasar meses —o incluso años— sin recibir una notificación formal, el mensaje que recibe del sistema es devastadoramente claro.

Nada va a pasar. Y esa certeza se convierte en una forma más de agresión para quien decidió denunciar. La pregunta que inevitablemente aparece es incómoda:

¿De qué sirve denunciar si el proceso puede quedarse congelado durante años?

Este caso expone con claridad cómo la violencia institucional puede reproducirse incluso dentro del propio sistema que debería combatirla.

Cuando las solicitudes de audiencia se quedan sin respuesta, cuando los procesos se congelan durante semanas o meses y cuando las víctimas no encuentran siquiera un canal claro para exigir explicaciones al Poder Judicial del Estado de Yucatán, el impacto no recae únicamente en quien denunció.

La frustración también alcanza a las propias trabajadoras del Centro de Justicia para las Mujeres de Yucatán, que intentan avanzar con las investigaciones desde la Fiscalía, pero ven cómo los expedientes se detienen cuando dependen de decisiones judiciales que simplemente no llegan.

El resultado es una cadena de desgaste institucional donde víctimas y personal ministerial quedan atrapados en la misma espera.

Todo mientras un agresor sigue sin enfrentar el proceso. Este caso también deja una pregunta inevitable:

¿Cuánta violencia puede seguir generando una sola persona cuando el sistema de justicia tarda tanto en actuar?

Porque cuando las decisiones judiciales se retrasan, la violencia no termina con la denuncia.

Se expande. Golpea a la víctima. Desgasta a las instituciones. Y termina enviando un mensaje peligroso a quienes agreden:

Que, en Yucatán, mientras la justicia no llegue, la impunidad sigue teniendo tiempo de sobra.