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Defraudación fiscal
Dulce María Sauri Riancho (*)
Fuente: Diario de Yucatán
Los términos “efos” y “edos” pululan en las conversaciones de empresarios, contadores y abogados fiscalistas. Estas curiosas siglas parecen extraídas de las populares novelas de J. R. Tolkien, autor de la serie “El Señor de los Anillos”. Pero no se trata de los Elfos, seres fantásticos de la mitología nórdica, sino algo más cercano a una realidad necesaria de ser transformada. Me refiero a las “Empresas Facturadoras de Operaciones Inexistentes o Simuladas”. Esos “EFOS” existen porque, a la vez, las “Empresas que Deducen Operaciones Inexistentes o Simuladas” o “EDOS”, también operan. En ambos casos, el propósito es el mismo: eludir el cumplimiento de obligaciones fiscales, de pagar impuestos o todavía peor, de tratar de generar devoluciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Desde hace años expedir o utilizar facturas falsas es un delito castigado duramente en los códigos Penal y Fiscal. Sin embargo, la persecución contra quienes lo cometen ha arrojado resultados insuficientes, a pesar de los nuevos instrumentos tecnológicos y legales de que dispone el SAT. Lejos de disuadir a quienes pueden caer en la tentación, la inexplicable impunidad con que actúan quienes integran las empresas “fantasmas” dedicadas a elaborar y expedir “facturas falsas” los ha incentivado a profundizar su actividad ilícita, hasta cuentan con promotores y sitios de internet donde ofrecen sus “servicios”.
Una de las primeras medidas que tomó la actual administración fue impulsar cambios al Código Fiscal para incrementar penas y precisar la sanción para quien “expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”. (CFF, art. 113 bis). Aprobadas por unanimidad en abril, unos meses después, sin mediar evaluación alguna de la aplicación de las nuevas medidas, el grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó una amplia reforma para combatir “frontalmente” a los llamados “factureros” mediante la modificación de cinco ordenamientos. Para este efecto, sacaron del acervo legislativo las disposiciones más poderosas que guarda el Estado mexicano para combatir a los enemigos de su existencia y preservación.
El arsenal “nuclear” está integrado por las leyes de Seguridad Nacional y contra la Delincuencia Organizada. La primera protege al país contra las consideradas “amenazas” a su existencia como nación independiente y soberana. La segunda, dirigida a combatir la asociación para delinquir en materia de secuestro, narcotráfico, huachicol a gran escala, lavado de dinero, etc., implica la creación y existencia de organizaciones cuyo propósito es cometer delitos de altos vuelos y burlar a la autoridad.
Los acusados de violar cualquiera de las dos leyes van derechito a la prisión a esperar allá el desarrollo de su proceso. Completan este “quinteto infernal” los códigos Fiscal y Penal Federal, así como el de Procedimientos Penales.
Asumo que la combinación de impotencia de las autoridades para dar resultados en la persecución a las “factureras” y la necesidad desesperada de recaudar más dinero en el gobierno actuaron para lograr la aprobación de este conjunto de reformas en el Senado de la República hace unas semanas.
Ahora se encuentran en la Cámara de Diputados, donde serán discutidas y aprobadas en unos cuantos días. La alarma ha cundido entre los contribuyentes, en especial quienes realizan actividades empresariales. “Quien nada debe, nada teme”, refrán muy socorrido cuando se trata de relaciones con el fisco. ¡Ojalá fuera tan fácil! Las comprobaciones implican millones de documentos, los intercambios también. “Al mejor cazador se le va la liebre”, otro refrán aplicable a esta situación, pues cualquiera puede haber recibido e incluido en su declaración fiscal una factura proveniente de empresas “fantasmas”.
Todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en combatir frontalmente a quienes se dedican a elaborar, expedir y vender facturas falsas para burlar al fisco. Pero, a mi juicio, las y los legisladores corremos el riesgo de cometer un grave error si aprobamos este “paquete” legislativo en sus términos. Me explico:
Los EFOS crearon sus empresas para poder expedir comprobantes digitales de operaciones inexistentes o por cantidades mucho mayores de las verdaderas, no para producir bienes o brindar algún servicio. Estas “factureras” entran de lleno en la figura de la delincuencia organizada por lo que sí se requieren las medidas de excepción que la ley considera para lidiar con ellas. Pero aquellos que compran y utilizan facturas falsas con objeto de pagar menos impuestos no pueden recibir el mismo trato. Merecen castigo, sin duda, pero ¿esos EDOS son delincuentes organizados? Diría que no, que las disposiciones incluidas en los códigos Fiscal y Penal serían suficientes para sancionarlos debidamente. Es equivalente a la diferencia que hay entre los narcotraficantes y los consumidores de drogas. La ley no castiga con el mismo rigor a unos y a otros, aun cuando ambos participan de una actividad ilícita.
Por eso, más nos vale diferenciar en la reforma: dejar sólo para quienes elaboran, expiden y enajenen facturas falsas —personas o empresas— las duras medidas de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Afinar en el Código Fiscal las facultades del SAT para fiscalizar en tiempo real a los contribuyentes, cuando éstos presenten alguna anomalía en sus comprobaciones; perfeccionar los supuestos del Código Penal y del de Procedimientos Penales, ampliando las posibilidades de los jueces para otorgar la prisión preventiva justificada cuando se trate de acusaciones de defraudación fiscal. Y desde luego, negarse rotundamente a tocar la Ley de Seguridad Nacional.
No puede de manera alguna volverse la “puerta trasera” para hacer constitucional la prisión preventiva oficiosa (ir a la cárcel para afrontar desde ahí el proceso) bajo el pretexto de la “seguridad nacional”. Al rato, cualquier delito podrá ser incluido, hasta manifestaciones y marchas. Estamos ante otra Caja de Pandora que no debemos abrir.
Posdata. La reforma para combatir a las “factureras” o empresas “fantasmas” tiene que analizarse conjuntamente con la llamada Miscelánea Fiscal, que contiene modificaciones al Código Fiscal, a la Ley del IVA, a la Ley del ISR, etc. Las propuestas a revisar pueden ser de gran impacto en la inversión y en el clima de negocios del país, incluyendo la creación de fuentes de empleo bien remunerado. Sí, Santo Temor al SAT, pero no hay que matar a la vaca ni secarle las ubres.— Ciudad de México.
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, con doctorado en Historia. Ex gobernadora del Estado y diputada federal plurinominal del PRI