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Renuncia en la Suprema Corte
Dulce María Sauri Riancho (*)
Fuente: Diario de Yucatán
El 8 de octubre pasado se consumó en el Senado la renuncia de Eduardo Medina Mora al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La preocupación por esta determinación, inédita en la SCJN, ha sido muy grande, alimentada por la opacidad con la que se dio. De acuerdo con la Constitución, sólo se puede renunciar al cargo “por causa grave” (art. 98). Y la gravedad no la califica la o el renunciante, sino el Senado y el propio presidente de la república, ante quien la presentó en primer término.
Rumores sobre presunto enriquecimiento ilícito, investigaciones a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que “congeló” sus cuentas bancarias, intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), todo en medio de un escándalo mediático con fuerte olor a presión política para deshacerse de un funcionario cuya ficha en Wikipedia señala como militante de Acción Nacional, aunque fuera propuesto para el cargo por el presidente Peña Nieto en 2015.
Los avances democráticos registrados en los últimos cinco años del siglo pasado abarcaron a los poderes y a las instituciones electorales. No sólo fue la ciudadanización del IFE (1996), o la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados (1997).
Antes, al principiar 1995, se realizaron las reformas que dieron paso a la renovación del Poder Judicial de la Federación. Las y los legisladores de entonces fueron particularmente cuidadosos en reforzar los mecanismos constitucionales y legales que le permitieran al Poder Judicial ejercer plenamente su independencia y autonomía.
No era para menos, pues en la misma reforma se introdujeron dos figuras muy importantes para garantizar derechos de las minorías y contribuir al equilibrio entre los poderes y órdenes de gobierno.
Me refiero a las controversias constitucionales y a las acciones de inconstitucionalidad. Sólo la SCJN puede definir, por ejemplo, si el Ejecutivo federal invade facultades que corresponden a los estados, o viceversa. También sobran ejemplos de controversias presentadas por autoridades municipales contra ejecutivos estatales, en particular cuando se trata de la distribución de participaciones.
El otro mecanismo relevante es la acción de inconstitucionalidad. Éste se activa cuando una minoría —una tercera parte de las y los legisladores, cuando menos— considera que la norma aprobada por la mayoría vulnera la Constitución. Los afectados pueden interponer este recurso; la SCJN lo estudia y si ocho de las y los ministros resuelven que la ley o su reforma son inconstitucionales, son “expulsadas”, del régimen jurídico del país.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene también la atribución de presentar acciones de inconstitucionalidad cuando a su juicio, alguna norma viola derechos fundamentales de la ciudadanía.
La libertad y la autonomía del Poder Judicial son asuntos cruciales para la democracia de México. Por eso, cada una/uno de sus integrantes: jueces, magistrad@s, ministr@s, tienen que ajustarse estrictamente a la probidad y a la transparencia en su vida pública y privada. Ejercer su independencia comienza por su gobierno interior. Por eso se creó el Consejo de la Judicatura Federal cuyo modelo fue replicado a lo largo de los años en los estados de la República.
Además, la Constitución garantiza la elaboración autónoma de su propuesta de presupuesto anual, de tal manera que la secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo se limita a “engrampar” el documento, porque no puede modificarle ni una coma a la iniciativa que entrega a la Cámara de Diputados para su estudio y aprobación. Y las remuneraciones: sueldos y salarios de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como los magistrados electorales, “no podrá ser disminuida durante su encargo” (art. 94 constitucional). No es capricho ni privilegio, sino “candado” que garantiza la libertad de cada un@ de ell@s en la delicada función de aplicar la Ley.
Por todas estas razones era fundamental que quedara aclarado, fuera de toda duda, cuál fue la “causa grave” de la renuncia del ministro Medina Mora. Si hubiese una investigación en curso, bien podría haber solicitado la Fiscalía General de la República un juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados para levantar el fuero del ministro y ponerlo frente a la justicia. También podría haberse acudido al juicio político, de tener base cierta los rumores de estos días.
Nada de eso: se optó por el silencio y en el caso del presidente López Obrador y del mismo Senado, por incumplir el mandato constitucional. ¿Cuáles son las consecuencias más visibles? La primera, a corto plazo, una silla vacía en la SCJN. El presidente mandará una terna para que el Senado elija. Así, en el lapso de 9 meses, habrá propuesto a 3 de los 11 ministr@s del máximo Tribunal. Se sumará un cuarto, en 2021.
La Suprema Corte de Justicia, sujeta a los vaivenes de los intereses de la política es una pésima noticia para la democracia del país. Una Corte a modo presidencial es el camino al precipicio en cuyo fondo nos espera el autoritarismo y la concentración del poder en una sola persona. El retroceso posible sería enorme.
Es hora de revisar los mecanismos constitucionales para elegir a las y los ministros de la Suprema Corte. Desde la forma como se integran las ternas que el presidente —sea quien sea y del partido que fuera— somete a consideración del Senado. Y la manera como el Senado garantice, además de la probidad de los designados, su independencia en el desempeño del cargo. No podemos descansar en el cumplimiento voluntario del “deber de ingratitud” con quienes los postularon y nombraron. México requiere que el poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia se mantengan libres e independientes. Por el bien de todos, primero la autonomía de la Corte.
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, con doctorado en Historia. Ex gobernadora del Estado y diputada federal plurinominal del PRI