Dormir en sus laureles Por: Dulce María Sauri Rianchio

Paridad yucateca

Dulce María Sauri Riancho (*)

El pasado lunes se conmemoró el 63 aniversario del voto de las mujeres. En pleno siglo XXI parece desdibujarse aquel pasado cercano cuando la mitad de la población de México estaba privada del derecho fundamental a votar y a ser electas, por la sola razón de ser mujeres. El avance de las mexicanas en el ejercicio pleno de sus derechos políticos como ciudadanas ha sido considerable. En menos de dos décadas pasamos de la “cuota” de género con un tope del 30-40% en las candidaturas, al derecho constitucional de la paridad, es decir, mitad hombres y mitad mujeres. El establecimiento de este principio constitucional en las candidaturas al Congreso de la Unión produjo un gran impacto en la integración de la representación de la Cámara de Diputados en 2015, pues 42% de sus actuales integrantes son mujeres. La paridad fue introducida también en las constituciones locales.

Yucatán fue el estado pionero, primero con la celebración de los dos Congresos Feministas en enero y diciembre de 1916 y después con la elección de Rosa Torre González, en 1922, como regidora del Ayuntamiento de Mérida. Tan sólo un año después, en 1923, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Dzib Cicero ganaron la representación popular en tres de los 18 distritos electorales que conformaban entonces el Congreso local. A la fecha, Yucatán es el único estado de la República que ha sido gobernado por dos mujeres. Durante casi 20 años, el poder Judicial local estuvo encabezado por mujeres y el cabildo de Mérida en tres ocasiones ha tenido jefatura femenina. Diputadas, senadoras, presidentas municipales, regidoras han sentado presencia en toda la geografía estatal y en los distintos partidos políticos. Actualmente el Poder Legislativo está coordinado por Celia Rivas, una de las siete diputadas locales. Yucatán se ha vuelto referente en la lucha por los derechos de las mujeres de México. Pero desafortunadamente los logros pasados no pueden oscurecer los rezagos actuales. De ser la vanguardia, el estado de Elvia Carrillo Puerto corre el riesgo de quedar a la zaga, al menos en materia legislativa.

Resulta que los diputados yucatecos decidieron reformar la Constitución local para introducir el mínimo exigido por la reforma constitucional federal, que es el relativo a la paridad en las candidaturas al Congreso del Estado. Ni un paso más. Situación distinta a la de otras entidades, donde se incorporaron disposiciones tendientes a llevar el 50-50 hasta la integración de las planillas de candidatos a regidores y síndicos (paridad vertical) y en otros, reformaron sus leyes para obligar a los partidos a registrar igual número de candidatas que de candidatos a presidentes municipales (paridad horizontal). En tanto, yucatecas y yucatecos, dormidos en nuestras glorias pasadas, nos conformamos con la cuota del 30% para mujeres candidatas a regidoras, lejos del principio de la paridad. En participación femenina a la cabeza de los ayuntamientos, en vez de avanzar, retrocedimos. De ser el segundo lugar en presidentas municipales en el país en 2012-2015, con 21 mujeres al frente de los cabildos (casi el 20%), experimentamos una abrupta reducción a sólo ocho en 2015-2018: Acanceh, Akil, Bokobá, Chapab, Chicxulub Pueblo, Sinanché, Tekantó y Valladolid.

Se reconoce la buena voluntad del PRI para comprometerse a presentar candidatas y candidatos a las presidencias municipales en 2018 bajo el principio de la paridad. Pero no es suficiente. Si la ley no obliga y responsabiliza a todos los partidos por igual, siempre habrá alguna urgencia que impida aplicar este principio. El artículo 214 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado señala en su inciso c), f. II: “En la lista de candidatos a regidores de los ayuntamientos no podrá incluirse más del 70% de candidatos propietarios de un mismo género”. Ésta es la norma. Lo demás son sólo buenas intenciones, de esas que empiedran el camino del infierno.

El proceso electoral de 2018 está a la vuelta de la esquina. Lo menos que se puede esperar en la entidad del I Congreso Feminista es que el Ejecutivo estatal, Rolando Zapata, coordinador a su vez de la comisión de Igualdad de la Conferencia Nacional de Gobernadores, envíe una iniciativa para reformar la Constitución y la ley electoral. O pueden ser las legisladoras las que tomen el toro por los cuernos y presenten su propuesta. Basta con modificar el inciso citado para establecer la obligación de todos los partidos y planillas independientes de presentar candidaturas paritarias. Se puede ir más allá, tal como sucedió en Querétaro y Baja California Sur, donde la mitad de los candidatos a las presidencias municipales tienen que ser mujeres. En Yucatán significaría que cada partido tendría obligadamente que presentar mujeres como candidatas a presidentas en 53 municipios, de los 106 en que está dividida la entidad. De acuerdo con sus propias estrategias partidistas, ya sabrán cómo distribuir geográficamente estas candidaturas.

Las “cuotas” ofenden todavía las pieles sensibles de algunas mujeres que sienten devaluados sus logros si se atribuyen a una obligación legal, más que a méritos personales. No estoy de acuerdo con esa percepción.

Creo que la fijación de un “piso” en cuanto al número de candidaturas fue un paso fundamental para ejercer un derecho consagrado hace más de seis décadas, pero que se había venido ejerciendo auténticamente a cuentagotas. Ahora se trata de la paridad, derecho humano que tenemos las mujeres.— Mérida, Yucatán.

dulcesauri@gmail.com

*Licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, con doctorado en Historia. Ex gobernadora de Yucatán