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En el marco del Informe Anual de Actividades, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) presentó un diagnóstico de las condiciones encontradas en los centros de salud y en las cárceles públicas de los 106 municipios de la entidad.
Ante los diputados de la LXII Legislatura, el Presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana, presentó el resultado de las investigaciones realizadas durante 2019 por el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos.
De las supervisiones realizadas a 120 centros de salud, de los 138 ubicados en los diversos municipios y comisarías de la entidad, se encontró: falta de personal; de equipos médicos; medicamentos e insumos; de mantenimiento de sus instalaciones; y de los equipos médicos existentes, entre otros.
Los centros que presentaron mayores deficiencias en cuanto a personal, infraestructura o equipamiento médico, son los ubicados en: Cenotillo; San Ignacio y Chelem comisarías de Progreso; Caucel, comisaría de Mérida; Sotuta; Hunucmá; Umán; X’Canchakán comisaría de Tecoh; Libre Unión, comisaría de Yaxcabá; Sanahcat, San Francisco comisaría de Tinum; Tahdziú; Tahmuy, comisaría de Valladolid; y Sisbichén, comisaría de Chemax.
Y los centros que reportaron mejores condiciones están en Chichimilá; X-Ualtez, comisaría de Espita; Temozón; Sisal, comisaría de Hunucmá; y Chuburná Puerto, comisaría de Progreso.
Por lo que exhortó a las autoridades promover el trato digno y adecuado para los pacientes y sus familiares así como brindar en todos los centros de salud, servicios más efectivos y de calidad.
En el programa de supervisiones, se realizaron visitas a los hospitales públicos como el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, Hospital Psiquiátrico de Yucatán, Hospital General de Tekax, Hospital Materno Infantil, Hospital Comunitario de Peto, Hospital Comunitario de Ticul, Hospital General “San Carlos” de Tizimín y Hospital General de Valladolid, donde también se advirtieron necesidades tales como: insuficiencia de personal médico, de enfermería y de seguridad; la falta de infraestructura y de equipamiento adecuado en sus instalaciones; desabasto de medicamentos; y en algunos casos, la falta de sensibilización del personal en su trato hacia los usuarios.
Las supervisiones también incluyeron las cárceles municipales y a las instalaciones del área de detención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde se observó que el 71% de los municipios no cumple con las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de detención.
