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Un juez de control ordenó la aprehensión del servidor público por el delito de peculado en agravio al gobierno municipal de Solidaridad, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la carpeta administrativa 229/2017.
Felipe de Jesús Castillo Meseta fue inhabilitado en marzo de 2017 y es uno de los exfuncionarios denunciados por la administración de gobierno municipal encabezado por Cristina Torres Gómez.
Para el Síndico del Ayuntamiento de Solidaridad, Juan Carlos Beristaín Navarrete, es una noticia positiva que las autoridades comiencen la detenciones en contra de exfuncionarios que aplicaron desvíos de recursos al gobierno, y esperan que se logre fincar responsabilidades a todos los involucrados.
Explicó que en diciembre de 2016, en compañía de la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, colocaron dos denuncias penales ante el Ministerio Público y una ante la Fiscalía de Quintana Roo por probables delitos de desempeño irregular de la función pública y este 2017 aún están en la construcción de 10 demandas penales en contra de exfuncionarios que resulten responsables y serán presentadas ante la Fiscalía de Quintana Roo y el Ministerio Público.
El síndico municipal agregó que el dinero que desviaron en la pasada administración de gobierno encabezada por Mauricio Góngora Escalante, afectó a sectores como la educación e infraestructura, ya que varios inmuebles y proyectos no concluyeron por lo que en esta administración los esfuerzos se han enfocado a terminarlos.
Castillo Meseta fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Playa del Carmen. El exservidor público colaboró en el período de gobierno del exalcalde Mauricio Góngora Escalante, quien compitió por la gubernatura de Quintana Roo en las elecciones de 2016.
El excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) actualmente tiene abiertas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dos investigaciones en su contra, por peculado electoral y financiamiento ilícito durante el período de campañas políticas ejecutadas en la pasada elección.
El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, explicó que sobre el caso del excandidato priista se investiga en materia penal con referencia en el artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales, que establece diferentes modalidades, entre ellas, sobre recursos de procedencia ilícita, por recibimiento o destino de aportaciones de dinero o en especie cuando existe una prohibición legal para este tipo de prácticas, ya que ni el gobierno federal, estatal o municipal tienen permitido aportar dinero de forma directa a las campañas electorales, y tampoco a través de retenciones de salarios, ni como contratación de empresas fantasma.
