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Rodrigo Llanes Salazar (*)
Fuente: Diario de Yucatán
Donde antes se cultivaban naranjas dulces o “chinas”, ahora se siembran limones, el nuevo “oro verde” de Yucatán; la Unión de Ejidos Agropecuarios e Industriales del Cono Sur, que solía ser conocida como Unión de Ejidos y Maiceros, ahora es comúnmente llamada Unión de Ejidos y Soyeros; selvas y parcelas que antes eran trabajadas por campesinos mayas y productores locales, ahora son producidas por menonitas, quienes con gran maquinaria han tumbado hectáreas de selva y perforado pozos profundos. Estos son algunos de los profundos cambios que está viviendo el sur de Yucatán.
El limón y la soya dejan ganancias a los productores agrícolas del sur. La soya, apoyada por el gobierno federal y estatal, así como por la Unión de Ejidos del Cono Sur, ha estado acompañada de pagos inmediatos y a precios más altos que el maíz. Mientras que, en 2020, la tonelada de soya se vendía a 12 mil pesos, la del maíz a la mitad, sólo 6 mil (Ellis, Hernández y Chacón, “Análisis de los impulsores del cambio de uso del suelo en la península de Yucatán”, 2023). Así, en poco más de una década (2009-2022), la producción de soya aumentó de 3,318 toneladas a 13,374.
Asimismo, en lo que va de esta década, la producción de limón persa en Yucatán ya ha superado las 100 mil toneladas, con exportaciones a Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Reino Unido, Japón y Dubái. De acuerdo con el Censo Agropecuario de 2022 del Inegi, ese año se alcanzó una producción de 193,762 toneladas, duplicando la de naranja en ese mismo año y triplicando la producción de limón de 2007.
La fiebre por este nuevo oro verde ha provocado que productores de otros estados del país lleguen a la región a dedicarse a la siembra de dicho cultivo, que nuevas empresas vendan lotes de inversión en el sur del estado para la producción del cítrico y que, incluso, se realicen guardias nocturnas con rifles calibre 20 para evitar robos de limón. El pasado 14 de junio, el gobernador Joaquín Díaz Mena, “reafirmó su compromiso de transformar el campo yucateco mediante la expansión de cultivos, el uso de tecnología y el fortalecimiento de los canales de comercialización” y expuso también que “Yucatán ya se consolida como un referente nacional en la producción de limón persa”.
Todos estos cambios han tenido lugar en una región con importantes porciones de selvas bajas y medianas subcaducifolias y de biodiversidad bien conservadas, las cuales están protegidas por el Área de Protección de Flora y Fauna de Bala’an K’aax y la Reserva Estatal Biocultural del Puuc. A pesar de estas figuras de protección, tan solo Tekax perdió el 14% de su cobertura forestal total entre 2021 y 2023 (“Tekax: en la mira de menonitas y la agroindustria”, La Jornada del Campo, 2024). En gran medida, esta deforestación se atribuye a un grupo de la población: los menonitas.
Como ha escrito la antropóloga e historiadora Gabriela Torres-Mazuera, para no “estigmatizar a un grupo sociocultural con derecho a reproducir su modo de vida de acuerdo con sus propios valores, es importante considerar que los menonitas tan solo son ejecutores del régimen agroalimentario neoliberal”. Es decir, un régimen que ha permitido la venta de tierras nacionales y ejidales, dedicadas a la producción de granos para la exportación o para abastecer a otros sectores industriales (la pasta de soya se emplea en las industrias porcícola y avícola), con uso de paquetes tecnológicos que incluyen numerosos plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros países, y con extracción de grandes volúmenes de agua.
Así, como informó Diario de Yucatán, en noviembre de 2018 campesinos de Tekax denunciaron que los montes de la Unidad Agrícola Tekax 1, ubicada a 20 kilómetros de Nohalal, “están siendo dañados severamente con maquinaria” e hicieron un llamado a las autoridades para intervenir en el caso. De acuerdo con la nota del Diario, “desde hace poco más de un año grupos de menonitas se han posicionado en el Cono Sur para trabajar diversos cultivos. A ejidatarios del sector les ofrecen dinero y la perforación de pozos a cambio de cederles parte de sus tierras”.
Ciertamente, como se ha informado en estas páginas en las últimas semanas, la Profepa ha clausurado sitios con cambio de uso forestal ilegal, incluyendo 11 hectáreas dedicadas a la siembra de soya dentro de la Reserva Biocultural del Puuc, y también ha asegurado maquinaria bulldozer. Igualmente, la Profepa clausuró de manera temporal un predio dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax, debido a la tala ilegal de vegetación. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes.
No solo por la deforestación. El pasado 10 de mayo, apicultores de Nohalal reportaron la muerte masiva de abejas, por lo menos de 5 apiarios con 99 colmenas afectadas. De acuerdo con un informe toxicológico elaborado por Jaime González, Eric Vides y Rémy Vandame, de El Colegio de la Frontera Sur, en las muestras de abejas muertas analizadas se encontraron residuos del insecticida fipronil, en concentraciones que superan la dosis letal media.
Muy probablemente, la muerte de abejas se debe a la fumigación en campos de limón. De acuerdo con el informe citado, “encontramos una parcela por observación directa, al norte de la zona de afectación, sembrada con limón tecnificado al momento de la intoxicación de abejas. Los apicultores nos informaron que, en días anteriores por la madrugada, habían escuchado la fumigación terrestre con tractor tipo ‘mosquito’ en el cultivo de limones”. Esta muerte masiva se suma a un verdadero “apicidio” en la Península de Yucatán: organizaciones apícolas han denunciado la muerte de alrededor de 600 millones de abejas en los últimos 10 años en la región. El fipronil fue la causa de la intoxicación de 3,365 colmenas en Suc Tux y Oxa en Campeche en 2023, y, junto al corpirifos, de 536 colmenas en Tizimín el año pasado.
Los daños no son únicamente a la apicultura como fuente de subsistencia de familias de la región, sino también al ecosistema en su conjunto. Como ha reconocido la Plataforma Intergubernamental de Políticas Científicas para la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas (Ipbes) en su informe sobre polinizadores, publicado en 2016, “la polinización animal juega un rol vital como servicio ecosistémico de regulación en la naturaleza”. La propia actividad agrícola necesita a las abejas y otros polinizadores. Según el Ipbes, el 75% de los alimentos cultivados dependen en cierta medida de la polinización animal. La presencia de residuos de agroquímicios en la miel de la Península también ha afectado en su exportación al mercado europeo.
A partir del caso de muerte masiva de abejas en Campeche, la jueza Cuarta de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Sinaloa, reconoció en una reciente sentencia que “la abeja posee un rol muy importante en los ecosistemas” y que “uno de los factores que ha afectado la supervivencia de las abejas ha sido el uso de agrotóxicos”. A esta importante sentencia debemos añadir la Opinión consultiva 32-2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática y derechos humanos, publicada la semana pasada, que obliga a los Estados “la protección de la naturaleza” y “todos sus componentes”, incluidos los polinizadores.
A propósito del reciente caso de Nohalal, Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, ha declarado que el gobierno federal está tomando medidas, particularmente una modificación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para proteger a polinizadores, una norma mexicana para regular la dispersión de plaguicidas por aire y un decreto de prohibición de 35 plaguicidas.
Sin embargo, especialistas en la región han mostrado escepticismo ante las medidas anunciadas. La regulación de la fumigación aérea se enfrenta ahora a un nuevo reto: el uso de drones en lugar de avionetas y helicópteros. De acuerdo con un comunicado del gobierno federal de 2022, “México es el principal país en América en fumigación con drones”. Asimismo, la norma oficial mexicana sobre la materia se ha estado trabajando desde hace años, pero se ha enfrentado a la oposición de los productores de plaguicidas en el país. De igual modo, los gobiernos federal y estatal siguen distribuyendo plaguicidas peligrosos a los productores en el campo mediante programas como Peso a Peso o Producción para el Bienestar. Especialistas consultadas para este artículo coinciden en que son necesarias medidas más contundentes para frenar los problemas de deforestación, pérdida de biodiversidad y muerte de abejas: la revisión de los subsidios que dan los gobiernos; vigilar que los establecimientos no vendan plaguicidas altamente
peligrosos; que las empresas que compran granos y pasta de soya no adquieran productos que hayan implicado deforestación, incendios, muerte de abejas, entre otros delitos; que la Procuraduría Agraria regule la venta de tierras ejidales que se realizan sin títulos con títulos apócrifos; que la Profepa, Conagua, las fiscalías y otras autoridades no solo pongan sellos de clausura sino que también resguarden los predios deforestados ilegalmente y/o incendiados no sean trabajados, que los pozos sin concesión sean efectivamente clausurados.— Mérida, Yucatán
rodrigo.llanes.s@gmail.com
(*) Investigador del Cephcis-UNAM
