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Mérida, Yucatán a 9 de abril de 2023 (Redacción).- El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), calificó como un mito que Yucatán sea un estado seguro como lo han vendido los Gobiernos y que ha contribuido a la migración de más de 200 mil personas por año.
En un estudio que denominaron “La paz como mito: El insostenible modelo de seguridad pública de Yucatán”, refieren que los Gobiernos han alimentado el discurso de “Estado Seguro”, es decir, muestran una entidad libre de violencia en comparación con otros estados del país donde el crimen organizado mantiene atemorizada a la población, incluso al grado de desplazarla.
Sin embargo, esa “verdad” es en realidad un mito, ya que se trata de una entidad -gobernada por el Partido Acción Nacional- donde constantemente se violan los derechos humanos, se tortura y se cometenen detenciones arbitrarias a fin de mantener la seguridad”, mencionan.
El pasado 22 de marzo, tres activistas fueron detenidos ilegalmente por agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) que se ha convertido en el brazo ejecutor del actual Gobierno contra sus principales detractores a quienes buscan encarcelar para acallar sus voces.
MILLONARIA DEUDA PARA YUCATÁN SEGURO
Además, mencionan que a pesar de que el actual Gobierno contrajo una deuda por $2,620 millones de pesos para transformar el programa “Escudo Yucatán” a “Yucatán Seguro”, en 2019, los homicidios aumentaron en 46% y los feminicidios se duplicaron
“Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva en Yucatán pasó de menos 46.2% en 2018 a más 25.1% en 2019, una variación de 71.3 puntos porcentuales en el estreno de la actual administración, diametralmente opuesta a la media nacional, que en ese mismo año aumentó de 2.6% a 4%, una variación de 1.4 puntos porcentuales.”
De igual forma, ponen en duda que Yucatán esté libre de la presencia del crimen organizado como ha insistido la Secretaría de Seguridad Pública una y otra vez, refieren la mafia pepinera y la colusión con las autoridades -Sedena, Marina y policía estatal-.
“El propósito de la política de seguridad seguida uniformemente por los tres últimos gobiernos locales no es respaldado por los hechos, pues se observa un evidente
vínculo entre autoridades y el crimen organizado”, afirma el documento.
SAIDEN MAL NECESARIO
“En Yucatán se suele ver a Luis Felipe Saidén como un suprapoder que debe ser tolerado con tal de preservar la seguridad en el estado. La influencia de este funcionario ha crecido a partir de la implementación de los programas “Escudo Yucatán” , durante el gobierno de Rolando Zapata y “Yucatán Seguro” , durante el gobierno de Mauricio Vila.”
Destacan incluso, el respaldo de las camaras empresariales a la figura de Saidén, pese a la confrontación que en su momento tuvieron con la exgobernadora priista Ivonne Ortega Pacheco, hoy de Movimiento Ciudadano.
De ahí, dicen, que el entonces candidato al Gobierno de Yucatán por el PAN, Mauricio Vila anunció que, “en caso de ganar las elecciones ratificaría a Saidén en el cargo, a pesar de sus vínculos con gobiernos priistas y con las críticas que en el pasado militantes del PAN hicieron en privado sobre la labor de este funcionario”.
El documento del Casede aborda polémicos casos y la intervención de la policía estatal como el enfrentamiento el 4 de julio en la “Glorieta de la Paz”, el caso Ravelo, la represión en Chablekal, la defensa de pobladores de Homún contra una granja de Kekén, entre otros, donde hubo abuso de poder, tortura y violación a los derechos humanos.
