..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.
Artículos relacionados
Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
En el segundo debate presidencial el pasado 20 de mayo, José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI que se ubica en un lejano tercer lugar en las encuestas, declaró que “Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Una secuestradora que está libre por una falla de la policía”.
La declaración de Meade resulta grave por tres razones. 1) La primera es que el candidato del PRI comete una falta jurídica y moral. Como nos ha recordado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a propósito de la declaración de Meade, las personas solo pueden ser señaladas como responsables de un delito hasta que un juez así lo indique.
De esta forma, Meade está faltando el respeto al estado de derecho y a la institucionalidad que tanto proclama defender. Por esta razón, Nestora Salgado ha presentado una demanda civil contra el candidato priista por daño moral.
2) La segunda razón es que la declaración de Meade forma parte de una estrategia, compartida por el candidato Ricardo Anaya, de distorsionar la propuesta de amnistía de Andrés Manuel López Obrador como una propuesta de “liberar delincuentes”.
El propio Meade ha sido claro con esta intención. En un mitin reciente aclaró: “Nuestro problema no es con Napoleón [Gómez Urrutia… o con] Nestora, ella violentó a su comunidad. Nuestro problema es con quien quiere hacer a Nestora y a Napoleón senadores, y desde aquí le decimos que no”.
Estigmatizar a Nestora Salgado como secuestradora es parte de la estrategia de generar miedo hacia López Obrador. Uno puede estar de acuerdo o no con la propuesta lopezobradorista de amnistía, pero en cualquier caso resulta importante aclarar que no se trata simplemente de “liberar delincuentes”.
Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia y propuesta por López Obrador para ocupar la Secretaría de Gobernación, ha explicado que la amnistía no significa impunidad, sino que se trata de “una medida general con la que el Estado renuncia a la aplicación de la pena respecto de determinados delitos”.
Así, la propuesta de la amnistía es para “esos millones [de pobres] que han sido reclutados y cooptados por el crimen organizado por no tener las oportunidades —que todo mexicano debería tener— en un estado de derecho que proteja, respete y garantice los derechos humanos”.
Ante el grave problema de inseguridad y violencia que sufrimos en México, la propuesta de amnistía debe ser seriamente discutida, no simplemente descalificada al ser presentada como una propuesta de “liberar delincuentes”.
En este aspecto, coincido con la socióloga Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencias Económicas, en que la propuesta de “liberar a personas que han sido injustamente encarceladas es acertada”, como a “campesinos cultivadores de plantas ilícitas, indígenas que no tuvieron traductores en el proceso penal, jóvenes acusados de posesión o mujeres transportistas”.
Pero, como bien observa Catalina Pérez, la amnistía debe estar acompañada de “cambios reales a las instituciones que llevaron a que estas personas fueran encarceladas”, como fiscalías funcionales, policías de carrera bien capacitados, defensores públicos suficientes y preparados y una política de drogas más inteligente (“El Universal”, 1-5-18).
La declaración de Meade es grave porque, lejos de contribuir a la discusión sobre cómo resolver el problema de inseguridad en México, reproduce la guerra sucia contra un candidato, pasando por encima de una defensora de derechos. Pero también me parece grave por una tercera razón, la principal.
3) La declaración de Meade sobre Nestora Salgado es muy grave porque criminaliza a los defensores de derechos humanos y particularmente los derechos de los pueblos indígenas, que han mostrado ser una alternativa frente a la crisis de inseguridad y violencia.
Meade acusa a Nestora Salgado de “secuestradora”. ¿Cuál es la historia de esta mujer?
Poco antes del segundo debate presidencial se publicó el nuevo número de “Desacatos. Revista de Ciencias Sociales”, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). El número, disponible en internet, incluye un artículo de la antropóloga Aída Hernández, investigadora del CIESAS, titulado “Nestora Salgado García: un testimonio de resistencias ante la violencia patriarcal y la criminalización de los pueblos indígenas”, escrito con la propia Salgado.
Al inicio del artículo, se afirma: “En los últimos tres años, el nombre de Nestora Salgado se ha convertido en un símbolo para muchas mujeres que luchan contra la violencia patriarcal en varias regiones del continente y para las comunidades indígenas que reivindican sus sistemas de seguridad y justicia”.
Nestora Salgado nació en 1972 en el municipio de Olinalá en Guerrero. Su padre era un médico tradicional y su madre una mujer trilingüe, hablante de mephaa, náhuatl y español. A los 14 años decidió huir con el papá de sus hijas, un campesino que le propuso emigrar a Estados Unidos.
En este país ella trabajó limpiando casas, en un hotel, en un club de golf y como bartender. Su marido era alcohólico y con él sufrió problemas de violencia doméstica, por lo que ella y sus hijas empezaron a recibir ayuda psicológica en un centro en Seattle, donde aprendió sobre derechos de las mujeres y “la importancia de la autoestima”. Gracias a las leyes de Seattle pudo obtener la nacionalidad estadounidense, lo que le permitió regresar a México.
Cuando volvió a Olinalá, se encontró con la violencia del crimen organizado, que cobraba “derecho de piso”, que “asesinaba y secuestraba a quienes se negaran a acceder a sus demandas”.
El crimen organizado actuaba con apoyo del presidente municipal y, junto con el cobro de derecho de piso, los robos, secuestros y homicidios, también traficaba con mujeres y producía pornografía infantil.
Después de que en octubre de 2012 el crimen organizado en Olinalá secuestró y asesinó a un joven taxista, habitantes del municipio decidieron rebelarse. Sabían que en otras regiones de Guerrero operaba un sistema de justicia indígena que había logrado mantener al crimen fuera de sus comunidades: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), por lo que se acercaron a ella y se capacitaron sobre la justicia indígena.
Como explica la antropóloga María Teresa Sierra, investigadora del CIESAS experta en justicia indígena, la “reeducación” es la principal distinción de la policía comunitaria de Guerrero.
Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Artículo 2 de la Constitución federal y la “Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero” reconocen la existencia del sistema de justicia indígena y al CRAC, de manera que las detenciones y las labores de reeducación basadas en el trabajo comunitario que realiza la Policía Comunitaria no son ilegales ni deben ser tipificadas como “secuestro”.
De acuerdo con el periodista Luis Hernández, después de que se conformó la Policía comunitaria en Olinalá, la tasa de criminalidad disminuyó 90% y no hubo ningún homicidio (“La Jornada”, 27-5-18).
Ha sido justo por sus labores de defensa de derechos y de combate al crimen organizado coludido con las autoridades municipales que el gobierno detuvo arbitrariamente a Nestora en 2013, acusándola de crimen organizado y secuestro.
A finales de 2015, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU emitió su “Opinión 56/2015 relativa a Nestora Salgado García”, en la que establece que “no hay duda de que tanto el arresto como la detención” de la “defensora de la población indígena en Guerrero” es ilegal y arbitraria.
“Asimismo —agrega el Grupo—, parece que habría sido perseguida debido a su lucha por los derechos de la población indígena”. Y, en este ámbito, el caso de ella no era aislado; el propio Grupo había emitido opiniones sobre las recientes detenciones arbitrarias del defensor mixe Damián Gallardo, del maya Pedro Canché y de Librado Baños. En marzo de 2016, tres jueces de Guerrero declararon inocente a Nestora y ésta fue liberada.
Para Meade y algunos analistas, Nestora Salgado y la Policía Comunitaria son secuestradores y delincuentes; sin embargo, pasan por alto que nuestra Constitución federal reconoce que México es una nación pluricultural y que es legítimo y legal que las comunidades indígenas ejerzan sus propias prácticas de justicia. La declaración de Meade es grave no solo porque comete una falta moral y legal y porque reproduce a la campaña sucia contra un candidato, sino porque criminaliza los derechos indígenas reconocidos por nuestra constitución, así como por tratados internacionales y leyes estatales.
Con su declaración, es él quien atenta contra el estado de derecho y los derechos humanos. La crisis de seguridad y violencia del país necesita tanto de fiscalías autónomas y funcionales, policías y defensores capacitados, políticas de drogas inteligentes, acabar con la criminalización de los defensores de derechos humanos y respetar plenamente las prácticas de justicia indígena que se han mostrado exitosas al reducir las tasas de criminalidad. Meade apunta a la dirección contraria.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
@RodLlanes
Investigador del Cephcis-UNAM
Fuente: Diario de Yucatán