Marcelo Pérez Rodríguez *
Fuente: Diario de Yucatán
Mérida, 6 de octubre de 2026.- La corrupción es el mal que todavía recorre los tres niveles de gobierno y, lamentablemente, en vez de enfrentarla y combatirla se le arropa con el manto de la impunidad.
Ni los encendidos discursos de los gobernantes, ni las reformas judiciales, ni las dependencias anticorrupción han frenado el mal, pues como cáncer se ha extendido por las diferentes dependencias y contaminado a los servidores públicos.
Muchos alcaldes, legisladores, gobernadores, jefes policiacos y funcionarios hacen de las suyas con los presupuestos, proyectos, obras y contratos sin que las autoridades correspondientes y las leyes detengan esos abusos en el manejo del erario público.
El estilo de vida cambia abruptamente para quienes llegan al poder. Como si utilizaran una varita mágica los políticos, funcionarios y gobernantes cambian la vestimenta con vestidos, pantalones, camisas y bolsos de marca; el modesto automóvil se transforma en camioneta del año y se multiplican los automotores; la vivienda se reforma, primero, majestuosamente y luego se adquieren otras, y, posteriormente, se comienzan a comprar grandes extensiones de tierras, ranchos y ganado.
Parece una consigna de los servidores públicos el utilizar los presupuestos de las dependencias para incrementar sus bienes personales. La austeridad tan socorrida y recomendada se convierte en letra muerta. Los lujos y el derroche, los viajes al extranjero, las comidas y bebidas en restaurantes exclusivos son parte de la vida cotidiana de muchos diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y funcionarios de alto nivel.
Diversos casos de corrupción se han convertido en escándalos a nivel nacional por las grandes cantidades millonarias que se han perdido en manos de servidores públicos. El caso del huachicol fiscal, estimado en unos 600 mil millones de pesos, costo del gravamen que no ingresó al erario, más el valor del combustible que pasó de contrabando, representa una fuga descomunal en donde elementos de la Marina y funcionarios de alto nivel están involucrados.
Los contratos millonarios otorgados a la empresa de Amilcar Olán Aparicio, amigo cercano de Andy López Beltrán, quien fue detectado en Suiza, viviendo con lujos, muestra los favoritismos y los conflictos de intereses en el otorgamiento de obras millonarias. Y si se investigara a fondo, ante tantas denuncias, saldrían más favores oscuros que, incluso, involucraría a muchos.
Hay casos de gobernadores, alcaldes y funcionarios denunciados por relacionarse en actividades ilícitas, abusos y enriquecimiento. A unos se les investiga, otros son detenidos y muchos siguen protegidos.
El caso de Adán Augusto López, senador y exgobernador de Tabasco, es un ejemplo de protección ante tantas denuncias por enriquecimiento, conflicto de intereses y su relación con Hernán Bermúdez Requena, detenido, pues él lo nombró secretario de Seguridad cuando fue gobernador.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha sido cuestionada, incluso por la dirigencia nacional de Morena y la misma presidenta Claudia Sheinbaum, por los numerosos viajes en aviones privados, casi 100, y muchos fueron de paseo con la familia. Pero esos lujos y enriquecimiento de la mandataria no se investigan, ni sancionan.
Otros funcionarios se adjudican, además del jugoso salario, otras percepciones, como el caso de la directora de Radio Educación Fernanda Tapia, a quien se le cuestiona los millonarios ingresos que tiene.
Las Fiscalías federal y estatal son lentas para actuar o se abstienen de hacerlo cuando los involucrados en actos de corrupción son altos funcionarios.
Muchos se sienten protegidos después de saltar de su partido anterior a Morena. Si en el ayer abusaron del puesto y se desgastaron políticamente buscaron reacomodo y protección en un partido fuerte. Y al parecer Morena no tiene filtros para aceptar a la gente que toca a sus puertas, pues llegan y se les borra el turbio pasado y les otorgan puestos importantes.
Un golpe contra tantos políticos, funcionarios y gobernadores que abusan del puesto y del dinero del pueblo le darían fortaleza y credibilidad al gobierno de Claudia Sheinbaum sobre la lucha contra la corrupción, lo mismo sucedería con el gobierno de Joaquín Díaz Mena si se atreviera a sancionar a los malos servidores públicos.
La corrupción ya es de alto nivel en los tres niveles de gobierno. Alcaldes, legisladores, gobernadores y funcionarios están esquilmando el erario público y hacen negocios turbios que benefician a algunos, mientras el pueblo paga los viajes, los desvíos, las triangulaciones, los contratos con favoritismos, los conflictos de intereses y los lujos. ¿Hasta cuándo se terminará la impunidad y se castigará a esos malos funcionarios?— Mérida, Yucatán
*Profesor
..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.