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Fernando Ponce Díaz, presidente de la Confederación Patronal de la República de Mexicana del Estado de Yucatán, (Coparmex) emitió una carta dirigida a los once legisladores federales representantes del estado demandando un diálogo de parlamento abierto a la iniciativa de Ley de Reforma Energética que impulsa el gobierno federal.
El dirigente recalcó la postura nacional de la Iniciativa Privada en contra de esta propuesta que modifica el articulado 25, 27 y 28 de la Constitución y otorgar la rectoría energética a la paraestatal CFE, lo que establece una “violación abierta a los tratados internacionales, así como la pulverización de la libre competencia y beneficios para la sociedad”, marcando su postura como un rechazo a esta iniciativa y destacó que representa un claro retroceso para México, ya que la realidad del país es muy distinta a los objetivos ideológicos del partido en el gobierno y la visión nacional que intentan imprimir.
La carta dirigida a los 11 diputados federales -5 de Acción Nacional, 3 del Verde Ecologista, 1 de Movimiento Ciudadano, uno del Revolucionario Institucional y 1 del Movimiento de Regeneración Nacional, establece que, el monopolio gubernamental que se pretende dar a la CFE y limitar la participación del sector privado impactaría negativamente en la inversión privada, tanto nacional, como extranjera, reduciendo el potencial de crecimiento de la economía.
En Yucatán se propusieron 25 proyectos de energías renovables para concluirse en 2024 y 18 de éstos están detenidos debido a los cambios legislativos que se trataron de imponer en este gobierno y que se han perdido por aspectos judiciales. Reducir costos en las tarifas eléctricas provocaría incrementar subsidio gubernamental a cargo de los contribuyentes en detrimento de las finanzas públicas.
En 2016 México firmó como uno de los países que se comprometió a reducir los gases de efecto invernadero en un 35% para 2024 con los Acuerdos de París. Sin embargo, los objetivos de esta reforma son contrarios a estos principios y atenta directamente al combate del cambio climático.
Desde hace 15 años el sector empresarial de Yucatán ha insistido ante las autoridades federales en la reducción de tarifas eléctricas que impactan en el proceso productivo y en el bolsillo de los yucatecos que pagan hasta 17 por ciento de tarifas más caras que en el resto del país.
Ponce Díaz argumentó que hay una persecución contra el sector empresarial al que acusan de estar frenando logros sociales, como sucede con las tarifas del gas LP.
«La IP se mantendrá pugnando por la libre competencia y no retroceder décadas de avances y logros democráticos en favor de mejores servicios, atención y competitividad en favor de la sociedad yucateca», señaló.
Según confirmó la Coparmex, ninguno de los once diputados ha respondido o emitido alguna postura sobre la petición del sector empresarial, por lo que aguardarán para establecer la siguiente determinación en la respuesta de los legisladores.
