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Alicia Hernández
SemMéxico, Mérida, Yucatán, 1 de junio 2022. – El Congreso estatal aprobó por unanimidad, las reformas a Constitución Política del Estado y otras leyes para erradicar del poder público a los agresores, deudores alimentarios y violadores, así como establecer los criterios de elegibilidad para quienes aspiran ocupar un cargo en la función pública, ya sea mediante elección, designación o concurso.
La decisión y discusión fue considerada histórica por integrantes del movimiento feminista de la entidad: “nunca más el poder estará ensuciado por la violencia”, subrayó. Layla González. La iniciativa aprobada la propuso la colectiva Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán, (AMISY), que fundó María Eugenia Núñez Zapata.
Las fracciones y representaciones parlamentarias del PAN, Morena, PRI, Nueva Alianza Yucatán y Movimiento Ciudadano aprobaron las modificaciones a la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Partidos Políticos estatal en materia de violencia de género y deudores alimentarios.
En su intervención, la diputada panista Carmen González Martín señaló que con la iniciativa no se permitirán que entren en funciones servidores públicos con antecedentes en violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres.
Así como violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, ni ser deudor alimentario moroso, precisó la legisladora.
Asimismo, detalló que no se propone un mecanismo violatorio de las garantías individuales o de revanchas políticas, sino que tiene que ver con un mecanismo útil, necesitamos limpiar las instituciones de agresores.
En el orden habitual: las diputadas Carmen González Martín (PAN), Rubí Argelia Be Chan (Morena), Vida Gómez Herrera (Movimiento Ciudadano) y Fabiola Novelo Loeza (PRI) expusieron los motivos para aprobar la iniciativa de ley 3 de 3 contra la violencia de género (CRÉDITO: Cortesía)
La diputada morenista Rubí Argelia Be Chan comentó que la ley 3 de 3 sienta las bases para la idoneidad de cualquier cargo público por elección, designación o concurso, es decir, los aspirantes “deberán cumplir con el requisito de no ser agresor de mujeres, niñas y niños, lo que implica no ejercer violencia familiar, sexual ni ser deudor alimentario”.
Por su parte, la diputada emecista Vida Gómez Herrera expuso que las reformas planteadas constituyen un marco que busca dignificar la política y poder público. “Sienta las bases de los requisitos de elegibilidad que deben tener quienes aspiren a un cargo público”, expresó.
También externó su agradecimiento a las activistas: doctora Patricia Olamendi Torres, Yndira Sandoval Sánchez, María Eugenia Núñez Zapata, Rita Farjat, Sandra Peniche Quintal, Lidia Laucirica Guanche, Lidia Vera Gamboa, Silvina Contreras, y quienes integran la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (AMISY) por socializar el tema en los foros en universidades y municipios.
La diputada priista Fabiola Novelo Loeza mencionó que con la iniciativa se pretende inhibir conductas que contribuyan a la cultura patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre mujeres y hombres.
