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«Yucatán y México, merecen ser dirigidos por personas que enaltezcan el servicio público», afirmó la diputada Carmen González Martín
Mérida, Yucatán, a 17 de mayo de 2023.– Los y las integrantes de la Legislatura 63 del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad la reforma constitucional para limpiar al poder público de violentadores, es decir, que los agresores, violentadores o deudores alimentarios morosos no puedan contender a cargos de elección popular en el proceso electoral 2023-2024, ni tampoco puedan ser ocupados para los empleos, cargos o comisión del servicio público.
Los asambleístas locales aprobaron la minuta de la Cámara de Senadores en la que se reformaron los artículos 38 y 102 de la Constitución Mexicana para suspender las prerrogativas y los derechos de los ciudadanos que comentan los siguientes delitos:
Por estar prófugo de la justicia desde que se dicte orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, por sentencia ejecutoria, por tener sentencia firme por la Comisión Internacional de Delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada, violación a la integridad sexual, violencia política contra la mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, por ser declarada persona deudora alimentaria y morosa.
En el caso del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la persona deberá contar con buena reputación y no ser condenada o condenado por la comisión de delitos dolosos.
En tribuna, la diputada panista Carmen González Martín afirmó que la “Ley 3 de 3” tiene por objetivo que la ciudadanía yucateca tenga funcionarios con amplio sentido de la responsabilidad, y que, por supuesto, no tengan ni una sola mancha en el actuar durante su vida pública ni privada. «Yucatán y México, merecen ser dirigidos por personas que enaltezcan el servicio público, ese es el fin que todos queremos».
La legisladora por el Distrito 13 aprovechó para reconocer públicamente a las colectivas feministas como Las Constituyentes MX, Todas México, la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy), así como a las activistas Yndira Sandoval, Patricia Olamendi Torres y María Eugenia Núñez Zapata por impulsar esta iniciativa desde la sociedad civil organizada.
También externó su preocupación de que son pocos los Congresos Locales que han aprobado la minuta y la ley sea constitucional. Por eso motivo, los exhortó respetuosamente a las legislaturas pendientes que hagan el análisis, aprobación del dictamen y hacer de su conocimiento a la Cámara de Diputados.
Por su parte, el diputado morenista Rafael Echazárreta Torres calificó esta iniciativa como la gran fiesta de la democracia, pues la ley permitirá mostrar una visión de futuro y trascendencia, «una visión con un irrestricto respeto a la ley señale y deje fuera a quienes no nos pueden representar y, también, deje dentro de la cárcel a quienes son violentadores y no sea una puerta giratoria».
La legisladora emecista Vida Gómez Herrera exhortó a las autoridades a planear la correcta implementación de la “Ley 3 de 3”. «La pregunta es ¿cómo se garantizará en Yucatán que ninguna persona que aspire a una candidatura tenga antecedentes de violencia de género, o sea deudor moroso de pensión alimenticia?».
«Para nosotras y para quienes han impulsado y defendido incansablemente esta causa, la 3 de 3 se alcanzará cuando de verdad dejen de llegar los agresores y los deudores alimentarios al poder», precisó.
Yucatán se unió a los primeros 16 parlamentos locales en aprobar el dictamen de decreto de la Cámara Alta. Los congresos estatales que lo aprobaron son: Tamaulipas, Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Sinaloa, Baja California, Tabasco, Colima, Coahuila, Tlaxcala, Baja California Sur, Querétaro, Chihuahua y Durango.
