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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atrajo el caso de Ema Gabriela Molina Canto, madre de tres menores y asesinada de 11 puñaladas frente a ellos; brindará acompañamiento y atención a las víctimas indirectas.
El caso ocurrido el 27 de marzo en Mérida, Yucatán es el primero que la CEAV atrae, después de las modificaciones a la Ley General de Víctimas aprobadas en enero pasado, que lo facultan para conocer y atraer casos del fuero común.
El comisionado ejecutivo, Jaime Rochín del Rincón, señaló que esta primera atracción se realiza con la finalidad de que las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos no caminen solas en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral.
Por el caso de Emma fueron vinculados a proceso Jonathan Mézquita Ávalos, Óscar Miguel López Tobilla y César Rogelio Reyes Barrueta, acusados de homicidio calificado agravado por premeditación, alevosía y ventaja; posesión simple de cocaína y portación de arma de fuego e instrumentos prohibidos.
La corresponsal de Proceso en Campeche, Rosa Santana, publicó el pasado 11 de abril, que Emma Molina estuvo casada con Alberto Martín Medina Sonda, a su vez socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, quien fue tesorero del gobierno de Tabasco en el sexenio de Andrés Granier.
Este caso, primero fue clasificado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como feminicidio, por considerar que contaba con todos los elementos para tipificarlo. Sin embargo, el juez de control Luis Edwin Mugarte Guerrero reclasificó el delito.
El titular de la CEAV exhortó a los gobiernos locales a dar atención oportuna y eficiente a las víctimas directas e indirectas del fuero común, armonizando sus respectivas leyes de víctimas con la Ley General, conformando sus comisiones estatales y creando sus fondos de ayuda, asistencia y reparación.
Rochín del Rincón consideró que las víctimas, independientemente del fuero o lugar del hecho victimizante, no pueden estar solas en su búsqueda de justicia y reparación.
La CEAV estimó que el caso de Ema Molina reúne los requisitos necesarios para determinar la pertinencia de instruir su ayuda, atención, asistencia y, en su caso, la compensación de sus víctimas indirectas o potenciales, en términos de la Ley General de Víctimas.
El funcionario explicó que derivado de la atracción del caso, se incorporarán y actualizarán los datos de las víctimas indirectas ante el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI). De igual forma, la Asesoría Jurídica Federal asistirá a éstas con la finalidad de proteger y defender todos sus derechos durante el proceso penal.
Fuente: Proceso
