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Luego de varias reuniones, socios de la Canaco y comerciantes locales que buscaron refugio de este organismo ante el acoso de nuevos impuestos por parte de la Comuna, además del hostigamiento con la colocación de sellos de clausura y suspensión de algunos servicios, buscaran ampararse de manera legal, para frenar la represión del gobierno municipal que encabeza Pablo Gutiérrez Lazarus.
Silvestre Flores Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Carmen, emitió un oficio dirigido al alcalde, para que cese el hostigamiento y amenazas para obligar a comerciante a cumplir con el pago de impuestos.
Aproximadamente 32 socios de Canaco-Servytur firmaron un oficio en el cual denuncian lo ambiguo y represor del artículo 32 del proyecto de Ley de Ingresos 2018 que ha presentado Pablo Gutiérrez Lazarus.
Fuentes Flores señaló que Gutiérrez Lazarus aplica a su criterio dicho apartado, pues quiere cobrar 600 pesos diarios por cada unidad, cuando la ley no indica si es por día, por mes o por año, por lo que buscan un dialogo con las autoridades.
De no darse la negociación entre los comerciantes, Silvestre Fuentes Flores, Nicolás Martínez Abreu, Fernando Millán Castillo y dos más con el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, entonces tramitaran ante un juez un amparo federal que los libre del hostigamiento.
Dicho acoso inició a principios del mes de diciembre, con exhortos, sanciones, suspensiones y clausuras de parte de dependencias como Gobernación Municipal, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que hoy tienen a los empresarios con el alma en un hilo ante un 2017 económicamente complicado.
Incosteable para los empresarios resulta que la Comuna exija 600 pesos diarios por cada unidad, dinero reclamado a los empresarios en los primeros cinco días de cada mes, de lo contrario sus unidades de carga son detenidas, se les impone una multa, pagan arrastre de grúa y la estancia en el corralón.
Además, la Ley de Ingresos contempla que Gobernación Municipal podría hacer el desalojo o decomiso de la mercancía para el caso en el que se esté ejecutando una actividad comercial diferente fuera de la zona asignada o cualquier incumplimiento de lo establecido en el artículo en cuestión.
Fuentes Flores recalcó la necesidad de que el alcalde Gutiérrez Lazarus entre en razón, dialogue sobre el pago del impuesto y se determine que el depósito de los 600 pesos sea de forma anual, reiterando que de no encontrar un gobierno de puertas abiertas, entonces iniciarían el proceso legal contra las normativas fiscales que consideran abusivas, incosteables y que generan afectaciones directas a los medianos y pequeños comerciantes.
