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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
Sr. Vila Dosal. Tras una jornada electoral histórica en el país y después de días de incertidumbre sobre los resultados de la votación en Yucatán, usted resultó gobernador electo.
En estos momentos es común escuchar dos ideas. La primera es que el candidato ganador deja de ser eso, un candidato: ya no representa solo a su partido y a sus simpatizantes, sino que ahora es gobernador y deberá gobernar a toda la sociedad yucateca, conciliando diversos intereses, pero siempre procurando el bienestar común.
La segunda idea es que la democracia no se agota el día de la elección sino que, por el contrario, constituyen verdaderas virtudes democráticas la vigilancia de la actuación del poder público y la exigencia de rendición de cuentas.
En función de ambas ideas, le escribo esta carta para abordar un tema fundamental en Yucatán: los derechos del pueblo maya. No se trata simplemente de los derechos de un sector de la población (alrededor del 65 por ciento, según el último censo oficial), sino de un asunto que involucra aspectos cruciales del estado, como el crecimiento económico, la sustentabilidad y la seguridad y paz social.
En el Debate ciudadano realizado el pasado 15 de mayo, tuve la oportunidad de preguntarle directamente a usted “¿Qué medidas tomará como gobernador para detener, prevenir y evitar el despojo de las tierras y recursos de las comunidades mayas y las afectaciones generados por los proyectos de infraestructura en el estado?”
Me permito citar con cierta extensión la parte final de su respuesta: “Definitivamente, y lamentablemente, muchas tierras ejidales se están vendiendo, muchas veces engañando a la gente que las tiene para trabajar. Tenemos que generar las condiciones no solamente de información, sino de certeza jurídica. El gobierno tiene que estar solamente donde se le necesita, y (si) nuestra población maya y nuestros campesinos nos necesitan, tenemos que estar allá para poder atenderlos”.
Al finalizar su respuesta, tuve la oportunidad de preguntarle su opinión sobre las compra-ventas de tierras ejidales que se realizan legalmente, pero a partir de las condiciones de pobreza y analfabetismo en los ejidos. Al respecto le pregunté si “estaría de acuerdo en revisar e incluso cancelar proyectos que hayan violado o hayan realizado irregularidades en estos contratos”. Me permito citar de nuevo su respuesta.
“Por supuesto que, cuando yo llegue al gobierno, si descubrimos que existe alguna irregularidad, alguien que violó la ley, alguien que simuló la ley, para poder hacer algún proyecto, por supuesto que tomaremos las medidas. Yo creo que en este tema se necesita un acompañamiento del gobierno […] coincido plenamente contigo: muchas veces son despojados de sus tierras con engaños, son despojados de sus tierras haciéndoles parecer que van a recibir beneficios que luego no van a tener. Sin duda tenemos que trabajar fuertemente para generar estas condiciones: que tengan información, que tengan acompañamiento, que también puedan tener abogados que les apoyen […]hablen su idioma […] Tenemos que garantizar que en todas las organizaciones del gobierno, y la asesoría que demos, especialmente la legal, se hable maya”.
Sé que muchos de los problemas señalados escapan de la competencia del Poder Ejecutivo estatal, pero también que, con voluntad política, y desde diversas secretarías del gobierno del estado —como la de desarrollo urbano y medio ambiente o la de fomento económico— se pueden tomar las medidas que usted señaló en su respuesta.
Desde dichos ámbitos del Ejecutivo se pueden impulsar y evaluar proyectos de desarrollo que respeten plenamente los derechos de las comunidades mayas, sus tierras, territorio y recursos naturales, esto es, sus montes, cenotes, cuevas, entre otros recursos que, de protegerse debidamente, también se traducirían en una mayor sustentabilidad para todo el estado y la región.
También es fundamental el segundo aspecto que usted mencionó en su réplica: las comunidades deben contar con información, deben haber programas de difusión, comunicación y formación en derechos humanos de los pueblos indígenas, los cuales pueden ser impulsados desde dependencias del Ejecutivo, como las mencionadas y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del estado de Yucatán.
Por otro lado, resulta imperante dedicar más recursos a la asesoría legal para la población maya hablante, que efectivamente debe poder ser en lengua maya, pero también con un conocimiento de la cultura de la comunidad involucrada. Por la ausencia de un defensor de oficio que hablara maya y conociera la cultura maya y de un intérprete traductor, el señor Ricardo Ucán estuvo casi diez años en prisión entre los años 2000 y 2009. En Yucatán no puede haber ningún Ricardo Ucán más.
Además de estos compromisos que usted ya ha anunciado, me permito recordar en esta carta algunas de las obligaciones y facultades que, como gobernador, usted tiene sobre esta materia.
A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, ahora todos los servidores públicos son responsables de promover, respetar, garantizar y defender los derechos humanos de todas las personas. Del mismo modo, de acuerdo con el Artículo 1º de nuestra Carta Magna, todos los programas de gobierno deben incorporar la perspectiva de derechos humanos.
Asimismo, de acuerdo con el Artículo 2, apartado B, fracción IX, de nuestra Constitución federal, las entidades federativas deberán “Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración (…) de los planes de las entidades federativas”. Hasta donde tengo conocimiento, ningún gobierno estatal en Yucatán ha consultado a las comunidades mayas para la elaboración del plan de desarrollo del estado. Esto es algo que debe corregirse, así lo dispone nuestra constitución. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, un tratado internacional firmado y ratificado por el Estado Mexicano, también dispone que es obligación de todas las autoridades a consultar previamente a comunidades y pueblos indígenas toda vez que una medida administrativa o legislativa sea susceptible de afectarles.
De nuestra Constitución yucateca me gustaría destacar el Artículo 7 bis, que “reconoce el derecho a la libre determinación del pueblo maya, bajo un marco autonómico en armonía con la unidad Estatal”. La libre determinación no significa aquí un deseo de conformar un estado independiente a Yucatán, sino que las comunidades mayas pueden decidir sobre su propio desarrollo y futuro, sus formas de convivencia interna y la forma de elegir a sus autoridades y representantes.
A partir de todo lo anterior, para finalizar, me permito realizar algunas propuestas. 1. En los próximos meses, tanto el municipio de Mérida como el gobierno del Estado serán gobernados por políticos provenientes del PAN. Esto representa una magnífica oportunidad para una mayor coordinación para la atención de varios problemas, como el transporte público y el crecimiento de la ciudad de Mérida. También para atender un problema ya señalado: el despojo de tierras por lo que algunos autores han llamado “mafias agrarias” o “inmobiliarias”. Las autoridades de Mérida y del Estado deben poner un alto al crecimiento desmedido de la ciudad, sobre todo cuando es a expensas de las tierras de comunidades mayas.
- Instalar una mesa de diálogo para atender el problema en Santa Gertrudis Copó, comunidad cuyos espacios comunitarios se han visto invadidos también por desarrollos inmobiliarios.
- Reconocer la autoconsulta llevada al cabo por la comunidad de Homún a propósito del desarrollo de una granja porcícola o, en su caso, iniciar una consulta previa, libre e informada, con el fin de obtener el consentimiento de dicha comunidad sobre el tema.
- En su Artículo 55. XX bis, la Constitución de Yucatán lo faculta a usted para: “Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la investigación de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos”. Diversos organismos de derechos humanos han llamado la atención sobre las violaciones cometidas por el desarrollo de parques de energía eólica y fotovoltaica en el estado; en algunos casos, como en Muna, los conflictos han llegado ya a la violencia física e incluso a amenazas de muerte. Usted puede solicitar una investigación sobre el tema y tomar medidas al respecto.
El espacio no me permite extenderme más, así que sólo quiero destacar que los casos citados son algunos de los más conocidos en nuestro estado, pero que en todo Yucatán, en comunidades como Chablekal, Chocholá, Halachó, Hunucmá, Kanxoc, Punta Laguna, y muchas otras, la falta de protección de los derechos del pueblo maya se están traduciendo en problemas en el desarrollo de proyectos, en conflicto y violencia, así como en afectaciones ambientales, como la deforestación y la contaminación del agua, que amenazan la sustentabilidad de nuestro estado.
Usted gobernará también para las comunidades mayas y sobre este tema se le vigilará y exigirá rendición de cuentas. Con voluntad política, usted puede, con sus discursos y acciones, poner a Yucatán a la vanguardia en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.— Mérida, Yucatán.
Rodrigo.llanes.s@gmail.com
@RodLlanes
Investigador del Cephcis-UNAM
Fuente: Diario de Yucatán