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La Fiscalía General del Estado confirma la detención en Mérida, Yucatán de Mario Castro Basto, extitular de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado, acusado por el delito de peculado y desempeño irregular de la función pública, por desfalco a la empresa VIP-Saesa por más de 400 millones de pesos, mismo que también se encuentra acusado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de 300 millones de pesos cuando fue delegado de Diconsa en Quintana Roo, quién la misma tarde de ayer fue trasladado y recluido en el Centro de Reinserción Social de Chetumal.
De acuerdo a información recabada se pudo establecer que el extitular de Sintra fue detenido en Mérida, Yucatán, durante ayer domingo, cuando caminaba en céntricas calles de la llamada “ciudad blanca”, acompañado de su familia en donde radicaba desde hace varios años tratando de evadir la acción de la justicia federal y de la entidad.
En este orden, se pudo establecer que al también exdelegado de Diconsa en el estado se le imputan delitos en el Desempeño Irregular de la Función Pública, específicamente como coparticipe en el desfalco a la empresa VIP-Saesa S. A. de C. V. y simulación en la construcción de 195 kilómetros de caminos “sacacosechas”, durante la gestión del exgobernador, Roberto Borge Angulo.
Los datos recabados señalan que todas estas imputaciones se basan en la Carpeta Administrativa 151/2017, que inició en su contra la Secretaría de la Función Pública que a su vez dio parte a la FGE, la cual inició 11 investigaciones en su contra que derivaron en igual número de órdenes de aprehensión, mismas que se encontraban momentáneamente suspendidas por los diversos amparos que había promovido ante instancias federales, este exfuncionario.
En este orden se pudo establecer que Mario Casto Basto será juzgado por su presunta participación en el desfalco de VIP-SAESA S. A. de C. V. por más de 420 millones de pesos, pues formaba parte del Consejo de Administración y Adquisiciones, además de que también es acusado por el desvío de más de 300 millones de pesos destinados para la construcción de caminos rurales y “saca-cosechas”.
En su oportunidad la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) interpuso 27 denuncias penales en contra de excolaboradores de Borge Angulo, entre los que destacan Paula González Zetina y Ana Alicia Rivera Galera, ex directoras general y de Recursos Financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), respectivamente.
Donde también se encuentran Roosevelt Ercé Barrón Barrera, Mauricio Rodríguez Marrufo, Víctor Hugo Loyola Corona, Paulina García Achach, Gabriel Mendicutti Loría y Carlos Acosta Gutiérrez, algunos han obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria pero sus procesos aun no concluyen, mientras que otros aún se encuentran detenidos y sujetos a proceso como es el caso del expresidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, también excandidato a la gubernatura del estado.
