..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.
Artículos relacionados
El gobierno de Roberto Borge Angulo apenas aplicó 213.3 millones de pesos en recursos para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el año pasado, de una bolsa disponible para los estados de 14.7 mil millones de pesos a nivel nacional.
De acuerdo a datos del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), esta entidad se ubica en el sitio 29 de inversión de recursos en la materia para el periodo 2016, mientras que Baja California y el Estado de México usaron poco más de 2 mil 100 millones de pesos dispuestos por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Peor aún, en el periodo solo el 26 por ciento de las carpetas de investigación fueron determinadas o despachadas y el 72 por ciento de las que fueron turnadas a juzgados de garantías presentan rezago.
En general, el avance en la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio de 1000 puntos ninguno de los 32 estados del país logró alcanzar siquiera 500 pero las entidades con mejores resultados fueron Guanajuato, Chihuahua y Baja california con casi 400 puntos. Quintana Roo alcanzó el sitio 21 con 227 puntos de avance.
El sistema acusatorio ha iniciado operaciones a nivel nacional con un marco legal que no satisface las necesidades y las pretensiones del nuevo modelo de justicia. Durante el año reportado por CIDAC, dos periodos legislativos concluyeron sin que se aprobaran las reformas necesarias para garantizar la adecuada operación del sistema.
De forma simultánea, el análisis habla de que el debate en torno a las reformas legislativas necesarias se encuentra dividido entre una tendencia que propone la eliminación de figuras contrarias a la lógica de un sistema garantista, apoyada por la academia y la sociedad civil organizada, y otra que, por el contrario, pretende endurecer las normas procesales del sistema acusatorio para buscar una mayor eficiencia en la persecución delictiva.
En este contexto, dadas las volátiles dinámicas legislativas nacionales, la permanencia de los principios y bases normativas del sistema acusatorio no se encuentra garantizada y, a un año de que concluyó el plazo constitucional, aún no es posible descartar una contrarreforma.
El CIDAC hace entonces seis recomendaciones: Creación de una instancia técnica interinstitucional y nacional, atender los vacíos y las brechas del proceso de implementación, planeación integral para la mejora continua, aprobación de las reformas legislativas pendientes, creación de mecanismos homologados de evaluación y servicio profesional de carrera no solo en la ley, sino en la práctica.
