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Dos hechos sucedidos esta semana, como son las denuncias realizadas por el gobierno y otra de particulares por el despojo de tierras públicas, dejaron al descubierto el ‘modus operandis’ de la corrupción en el último sexenio.
Como lo demuestran las mencionadas denuncias, eran cuatro las principales formas de apropiarse ilegalmente de recursos públicos o privados durante el borgismo.
La primera, la venta de terrenos públicos a precios viles a familiares, socios y prestanombres, por medio del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi)
En este último caso, uno de los brazos ejecutores denunciados es el ex titular de la Seduvi y actual secretario general del Ayuntamiento de Cancun, Mauricio Rodríguez Marrufo, a quien se acusa de vender a menos de un 20 por ciento de su valor cientos de hectáreas de tierras del estado.
La segunda era la apropiación de inmuebles diversos en zonas costeras y de alta plusvalía, por medio de juicios laborales fraguados, aunque también en ocasiones incluía, como se vio en el caso de la Marina Chac Chi, la manipulación del catastro municipal de Cancún, de notarios y de jueces para avalar el despojo.
Un subproducto de estas dos estrategias era la negociación de usos de suelo y densidades de construcción, fundamentalmente en las zonas turísticas, mediante el cambio irregular de esas condiciones para subir el valor de las tierras. En este punto, otra vez aparece Rodríguez Marrufo, a quien se acusa de manipular ilegalmente el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún para permitir millonarias inversiones inmobiliarias en zonas prohibidas.
La tercera estrategia consistía en la contratación de empresas fantasma para obras públicas. Como ejemplo, el gobierno estatal denunció rentas irregulares de maquinaria por 700 millones de pesos. Dichas contrataciones tienen dos vicios fundamentales: se hacían sobre maquinarias que no existían, y, además, para construir obras que no se realizaban. Hay al menos 1500 millones de pesos en contrataciones similares que serán denunciadas en breve.
La cuarta estrategia era la contratación de deuda para fines diversos que no se cumplían. Un ejemplo es la deuda por 605 millones de pesos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para la realización de obras, que termInaron ilegalmente en manos de la Secretaria de Finanzas y Planeación.
De acuerdo a fuentes oficiales, miles de millones de pesos de la actual deuda pública fueron utilizados para fines diversos a los de su contratación. E incluso, existen grandes partidas sobre las cuales no se tiene registro alguno de su destino.
Por: Noticaribe
