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La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, confirmó que la tarde de ayer se realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la cual el juez de Control decretó la modificación de la medida cautelar impuesta al ex director de la empresa VIP Saesa, Carlos “N”, de prisión preventiva justificada a arresto domiciliario.
Datos recabados por el que esto escribe señalan que el ex funcionario, a través de sus abogados defensores, solicitó la revisión de dichas medidas, siendo que el juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal decretó la modificación de la medida cautelar impuesta de prisión preventiva justificada a arresto domiciliario, con base en lo establecido en el Artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), mismo que faculta a los juzgadores para ordenar el resguardo de personas a las que no se quiere dejar en libertad, mientras se les procesa, en su propio domicilio, siendo que tal medida se autorizó con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de fecha 20 de marzo del presente año.
Como se recordará, el ex director de la empresa VIP Saesa es imputado por el delito de desempeño irregular de la función pública que se sigue en la carpeta administrativa 151/2017, por lo que es importante señalar que el proceso continúa y el embargo de sus bienes se mantiene, independientemente de que presentó testigos, documentación que avala su residencia y también dejó bajo resguardo del juez de Control su pasaporte, visa y documentos personales que lo limitan para deambular hacia algún lugar distinto al impuesto como arraigo, mismo que permanecerá vigilado las 24 horas por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Aquí vale la pena subrayar que los fiscales adscritos al Ministerio Público solicitaron, independientemente a lo arriba señalado, una garantía económica la cual fue concedida por el juez de Control, resaltándose que la medida de arresto domiciliario también puede ser revocada en caso de algún incumplimiento del imputado.
Finalmente, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sostuvo que continúa firme en su labor con total apego a derecho, a fin de lograr la reparación de los daños ocasionados al patrimonio del Estado y el puntual seguimiento a todos los procesos penales instaurados en contra de los ex funcionarios públicos que incurrieron en alguna conducta delictiva durante su desempeño.
